Santiago de Compostela, 29 may (EFE).- Catorce comunidades y ciudades autónomas han remitido una carta a la Comisión Europea (CE) en la que defienden el "rigor técnico" de sus planes de gestión del lobo y denuncian lo que entienden como "actitud arbitraria" del Gobierno central para declarar el estado de conservación de la especie como desfavorable.
La carta ha sido remitida a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, por Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla, según ha informado este viernes la Xunta de Galicia.
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En la misiva, aseguran que el procedimiento de información pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica del informe sexenal 2019-2024 sobre el lobo es un trámite "no previsto reglamentariamente", que "parece pretender convencer a la opinión pública" de que las comunidades no fueron capaces de aportar con rigor todos los datos y la información necesarios para elaborar correctamente el documento.
En la documentación de ese procedimiento se incluyen expresiones como 'valoraciones unilaterales' y 'carentes de validación científica alguna' que, según denuncian las autonomías firmantes, sugieren que la información recopilada por las comunidades no es fiable, que sus sistemas de seguimiento carecen de rigor y cuestionan la solvencia técnica del personal de esas administraciones.
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En ese sentido, consideran "contradictorio" que el nuevo trámite solo se aplique a la documentación del lobo y no se cuestione el trabajo realizado para otras especies que, dicen, se hizo con el mismo procedimiento, participantes y criterios.
Los datos trasladados por las comunidades al Ministerio "tienen base tanto en la literatura científica como en la realidad de los datos del territorio", aseguran.
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También afirman que el Gobierno central no ha respetado el procedimiento de comunicación y diálogo para la validación formal de los archivos remitidos ni ha convocado la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para debatir esta cuestión.
Las comunidades denuncian que, en cuanto a los criterios de análisis, el Ejecutivo central alude a "supuestas pautas establecidas por las autoridades comunitarias que, o bien son falsas o bien siembran dudas sobre una supuesta inconsistencia de los datos autonómicos".
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Y citan ejemplos de ello, como la obligación de alcanzar quinientas manadas en una región biogeográfica para que el estado de conservación sea considerado favorable.
También consideran que el Ministerio hace "interpretaciones subjetivas' sobre la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Las autonomías firmantes solicitan información a la comisaria sobre las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las que dijo que entregó él mismo los datos del lobo a la CE en 2025.
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Y recuerdan que la propia comisaria señaló en abril que seguía esperando el informe sexenal del lobo -que debía remitirse antes del 31 de julio de 2025- y que, por ese retraso, se inició la apertura de un procedimiento de infracción.
El Ministerio abrió el pasado 6 de mayo el periodo de información pública del informe sexenal del lobo y el plazo de alegaciones finalizó esta semana con un desacuerdo absoluto entre los grupos ecologistas y las comunidades autónomas 'loberas' respecto a la protección que debe darse a esta especie.
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Las catorce comunidades y ciudades autónomas que han remitido la carta a la comisaria europea ya anunciaron a mediados de mayo acciones judiciales para exigir al Gobierno que cumpla la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo. EFE
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