El sindicato CGT también pide personarse como acusación popular en el caso de Les Naus

Alicante, 27 may (EFE).- El sindicato CGT ha solicitado personarse en la causa judicial que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante, la promoción Les Naus.

De esta manera, pretende añadirse a las acciones populares que ya ejercen los partidos políticos Ciudadanos (Cs) y PSPV-PSOE y donde figura la fiscalía Anticorrupción en una causa que dirige la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que recientemente ha desestimado la personación de la Generalitat Valenciana por conflicto de intereses, ya que no ha sufrido pérdida patrimonial y algunos de sus funcionarios son objeto de la investigación.

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha informado este miércoles de que buscan personarse "ante la gravedad de unos hechos que afectan de lleno a la confianza ciudadana en la gestión pública" y porque no se trata de "un asunto menor ni una controversia meramente administrativa".

"Cuando hay dudas sobre el acceso a vivienda protegida, sobre posibles tratos de favor o sobre el uso de una posición institucional, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad", según el sindicato, que ha informado de que cuenta con afiliados en el ayuntamiento alicantino, a los que también les afecta lo ocurrido y que la ciudadanía vincule con "prácticas ajenas a los principios que deben regir la función pública".

"FETAP-CGT trabajará en la causa y actuará para que se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados tal y como ya se esta realizando en el caso de la dana o en el caso Montoro, donde la organización ya ejerce como acusación popular".

El "escándalo" de Les Naus, en palabras del alcalde popular, Luis Barcala, ha provocado una intensa tormenta política en el Ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez. EFE