Oviedo, 29 abr (EFE).- Un grupo de mineros asturianos ha cumplido este miércoles una semana de encierro en el interior de una explotación situada en el suroccidente asturiano por el impago de sus nóminas desde hace un año.
Se trata de cuatro mineros -había un quinto que abandonó la protesta- que tratan de visibilizar la precaria situación en la que se encuentran, sin cobrar desde hace un año y con la actividad de la empresa paralizada por el cambio de propietario de la explotación, Mina Miura, ubicada en Tormaleo, en el suroccidente de la región.
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Los trabajadores denuncian que el nuevo propietario de la mina adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad sin que haya cumplido hasta el momento.
Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.
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Justo cuando se cumple la primera semana de encierro a 300 metros de profundidad, el SOMA-FITAG-UGT ha anunciado que trasladará los actos del Primero de Mayo a la bocamina de la explotación para contribuir a la "resistencia y visibilización de una situación insostenible" para una plantilla compuesta por cerca de una veintena de personas.
El sindicato minero, que ha invitado a trabajadores y vecinos de la comarca a sumarse a la reivindicación, quiere que "los compañeros sientan el aliento de todo el sindicato" y "dejar claro" al nuevo propietario de la mina que no van a dar "un paso atrás hasta que se abone la totalidad de las nóminas que se les adeudan" desde abril del pasado año.
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La organización sindical también ha criticado la posición de la administración autonómica por optar por "una interpretación restrictiva de sus competencias" ante "un empresario a la fuga" y la ausencia del director facultativo, la figura responsable de la seguridad en una mina.
A su juicio, resulta especialmente preocupante que, ante un caso de abandono de funciones por parte de la empresa y de la dirección técnica, la administración se escude en la imposibilidad de asumir la dirección facultativa sin activar otras herramientas legales como la ejecución subsidiaria o incluso la apertura de procedimientos que podrían derivar en la retirada de la concesión minera. EFE
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