El colectivo Iridia lleva ante la ONU un presunto caso de torturas en el CIE de Barcelona en 2017

La asociacion de derechos humanos Irídia ha llevado ante el Comité contra la Tortura de la ONU un presunto caso de torturas ocurrido en 2017 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.

La demanda, consultada por Europa Press, se dirige contra España, Estado que ratificó la Convención contra la Tortura en 1987, reconociendo la competencia de este comité para recibir y examinar casos individuales.

Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2017, cuando aproximadamente 15 internos, entre los que se encontraban los dos demandantes, esperaban ante una puerta para acceder a la zona de máquinas expendedoras, ubicadas en el vestíbulo.

Cuando los policías abrieron la puerta, los internos entraron de forma repentina y los agentes entendieron que intentaban escapar, por lo que "comenzaron a agredirlos con porras".

La entidad sostiene que, aunque algunos de los internos huyeron hacia la enfermería, "los agentes los siguieron y continuaron los golpes, utilizando porras, puñetazos, patadas y arrastrando a los internos por el suelo" y, posteriormente, los separaron y confinaron entre la sala de medicación y una sala de aislamiento, donde estuvieron encerrados unas 3 horas sin recibir asistencia médica.

Más tarde los llevaron individualmente a los aseos "donde los agentes les obligaron a desnudarse, les golpearon con porras y puños, y les sometieron a abusos verbales, incluyendo insultos racistas".

La demanda asegura que otro grupo de internos, que no llegó a salir al vestíbulo, pero que escuchó las presuntas agresiones y comenzó a golpear la puerta, también fue víctima de torturas: los agentes les profirieron insultos racistas y "se les obligó a desnudarse, a hacer sentadillas y fueron golpeados con sus propios zapatos".

La entidad asegura que las agresiones no tenían como objetivo evitar una fuga, sino que "la violencia contra los internos se utilizó como castigo por su conducta previa, a pesar de que ya no representaban ninguna amenaza para la seguridad de las instalaciones".

Además de las lesiones, como hematomas y abrasiones, que resultaron plasmadas en informes médicos, la actuación policial provocó en los internos sufrimiento psicológico, miedo, ansiedad e insomnio debido al trauma y a un temor a nuevas represalias.

DEPORTADOS

Irídia asumió la representación legal de tres de las víctimas y los hechos fueron denunciados, pero todos los demandantes fueron deportados antes de que se les pudiese tomar declaración y de que se les hiciera un reconocimiento médico-forense.

La entidad lamenta que aunque se abrió una investigación penal ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, esta terminó archivándose por la falta de declaración de las víctimas, una declaración que aseguran que "no se pudo practicar precisamente porque los juzgados no tomaron ninguna medida necesaria para frenar la deportación".

En uno de los casos se pudo retormar el contacto con el afectado pero, ante su imposibilidad de volver a España para declarar, el procedimiento judicial no siguió adelante, mientras que en el caso de los otros dos Irídia agotó todas las vías, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido.

PETICIÓN

Ante esta situación, la entidad ha decidido llevar el caso ante la ONU con el objetivo de evidencia una "falta de investigación efectiva y de garantías para las víctimas de maltrato" en contextos de privación de libertad en los CIE.

La entidad pide que se obligue al Estado español a realizar una investigación efectiva, que se lleve a los responsables a juicio y que se garantice una reparación a las víctimas, además de implementar medidas para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.