El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

Diversas especialidades dentro del sector primario han advertido a la Unión Europea de los riesgos que corren sus actividades económicas como consecuencia de la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR). “Aunque bienintencionado, el EUDR corre el riesgo de socavar la competitividad, la resiliencia y la autonomía de importantes sectores europeos si su aplicación no se revisa y simplifica cuidadosamente”, han señalado desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja).

El reglamento, publicado a mediados de 2023 pero con entrada en vigor en diciembre de 2025 -tras una prórroga para que las empresas afectadas pudiesen adaptar sus negocios-, tiene como objetivo minimizar la deforestación y la degradación forestal asociadas a las materias primas agrícolas importadas en la Unión Europea.

Según recoge la ley, el consumo de la Unión es un factor sumamente importante de la deforestación y degradación forestal en el mundo, por o que, sin ninguna intervención reguladora, “el consumo y la producción en la UE por sí solos harían que de aquí a 2030 la deforestación aumentase aproximadamente 248.000 hectáreas cada año”.

El reglamento hace referencia a productos concretos: madera, caucho, ganado vacuno, café, cacao, aceite de palma, soja y los productos que los requieran para su fabricación. Además, especifica que todo comerciante que venda estas materias primas en el mercado europeo o exporte desde él deberá demostrar que los productos no proceden de tierras raras recientemente deforestadas ni han contribuido a la degradación forestal.

Defectos en el diseño y aplicación de la ley

Los sectores más afectados por esta regulación en España son agricultura, ganadería, silvicultura, industria forestal y piensos (afectando también a aceites vegetales y harinas proteicas). Desde Asaja han destacado que la ley cuenta con importantes defectos fundamentales en su diseño y aplicación, como “falta de seguridad jurídica, requisitos de cumplimiento poco realistas y cargas administrativas que afectan de manera desproporcionada a los operadores”.

Además, como consecuencia de estos defectos, Asaja ha advertido posibles perturbaciones en el mercado como la escasez de suministro, aumento de los costes y reducción de la competitividad de los sectores de la UE, “sin abordar de manera eficaz las causas de la deforestación”.

Desde la organización agraria han señalado que la próxima revisión de la simplificación de la norma, prevista para el 30 de abril de 2026, supone “una oportunidad crucial para abordar las preocupaciones planteadas en los últimos meses”, así como introducir ajustes legislativos específicos que alineen el Reglamento con sus objetivos, garantizando “que sea práctico, proporcionado y aplicable de manera armonizada sobre el terreno”.

Un calendario de aplicación realista

Asaja, ante la precipitación de la fecha para la próxima revisión, ha pedido a los distintos órganos europeos que den prioridad a la simplificación y aclaren los requisitos clave para evitar duplicidades y facilitar el cumplimiento. Sobre las fechas para aplicar el reglamento de manera plena, la asociación ha indicado que debe garantizarse “un calendario de aplicación realista”.

La asociación agraria ha solicitado que los plazos no sean precipitados para que los operadores puedan adaptarse sin correr el riesgo de que se produzcan interrupciones en la cadena de suministro. Además, han instado a la Unión a mantener un “diálogo continuo y constructivo con las partes interesadas” para desarrollar “soluciones viables que equilibren los objetivos medioambientales con las realidades económicas y operativas”.