Belén Gil Orantos
Madrid, 24 abr (EFE).- Los pactos de gobierno alcanzados por el PP y Vox en Extremadura y Aragón han dado al partido de Santiago Abascal competencias clave para sostener su discurso ideológico, además de haber situado en el centro del debate el polémico concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos.
Una promesa que Vox incluyó en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones generales en 2023 -"Estableceremos la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda"- y que el PP ha asumido en los dos acuerdos autonómicos, dentro de "la legalidad vigente", sostienen los populares.
Como partido mayoritario en ambas coaliciones, el PP ha retenido las competencias presupuestarias, esenciales para controlar la gestión económica y el destino de los recursos, y dirigirá también la mayoría de los departamentos autonómicos.
Vox ha asumido por su parte tanto en Extremadura como en Aragón el control de áreas muy apegadas a su estrategia e ideario político, como la inédita consejería de "desregulación", dirigida principalmente a reducir la burocracia administrativa.
Y junto a ella, asuntos centrales en su argumentario y para su electorado, como el campo, la familia y unos servicios sociales que, según denuncian, están "saturados" por el aumento de la población extranjera.
En el nuevo gobierno de la popular María Guardiola, la formación de Abascal dirigirá esa novedosa Consejería de Desregulación, a la que se añade las carteras de Servicios Sociales y Familia.
Esta consejería se crea con rango de vicepresidencia y su responsable será el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle.
Abarcará las políticas de servicios sociales, inclusión, infancia, familia, juventud y cooperación al desarrollo, y tendrá también como objetivo la eliminación de trabas burocráticas y administrativas, simplificar los procedimientos, eliminar duplicidades y velar por la eficiencia presupuestaria.
La segunda consejería comandada por Vox en Extremadura será la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que tendrá las competencias en materia de agricultura, ganadería, ayudas de la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, así como de caza, pesca, tauromaquia y medio natural.
A más votos, más cargos, una máxima que Abascal ha trasladado al gobierno de Aragón, donde el popular Jorge Azcón será investido de nuevo presidente la próxima semana.
El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, se encargará de la Vicepresidencia primera de Desregulación, en la que recaerán también las competencias de una de las tres consejerías pactadas para su partido.
Aún no se ha hecho público si será la de Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación o la de Medio Ambiente y Turismo.
A diferencia de en Extremadura y Aragón, en noviembre Vox respaldó sin firmar un acuerdo previo la investidura como presidente de la Comunidad Valenciana al dirigente del PP Francisco Pérez-Llorca.
Tampoco exigió entrar el gobierno autonómico y decidió su voto, según dijeron entonces, una vez escuchado el discurso del candidato y tras haber recordado sus "líneas rojas" -el rechazo al Pacto Verde, el freno a la inmigración "ilegal y masiva", la rebaja fiscal, la libertad educativa y el apoyo a la vivienda-.
Este viernes, sin embargo, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha presentado una propuesta para "instaurar la 'prioridad nacional'" también en esta comunidad, un modelo que Abascal aspira a extender al conjunto de España.
Su próximo objetivo: Andalucía, donde las elecciones del próximo 17 de mayo decidirán si el popular Juanma Moreno mantiene la mayoría absoluta o tiene que pactar con Vox para continuar al frente de la Junta. EFE
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