Madrid, 23 abr (EFE).- El PP y Vox han seguido defendiendo este jueves sus pactos alcanzados en Extremadura y Aragón, pese a sus discrepancias en torno al principio de prioridad nacional para acceder a ayudas y recursos públicos, un acuerdo que aspira a ser replicado en Castilla y León y que ha desatado fuertes críticas por parte del Gobierno.
El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha reivindicado el acuerdo en esta comunicad en la celebración del Día de Aragón en el Parlamento autonómico, y ha afirmado que permitirá a la región "avanzar en la dirección correcta".
En el protocolario discurso no ha hecho referencia al término prioridad nacional, que en los últimos días ha suscitado recelos entre Vox y PP, pues ambas formaciones lo entienden de manera distinta.
Desde Sevilla, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido la "coherencia" de su partido respecto a la prioridad nacional -que aparece tanto en el acuerdo de Extremadura como el de Aragón- y ha instado a Vox a "explicar su cambio de criterio".
Para el PP, ha reiterado, es una prioridad "basada en el arraigo", como puede verse en la literalidad de los acuerdos de Aragón y Extremadura, que cumplen con la Constitución y las leyes, ha asegurado.
Desde Vox, su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, ha defendido también el criterio de prioridad nacional, pero entendido a su manera, referido a los españoles de nacimiento.
"La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española", ha apuntado.
En Génova explican que a la hora de negociar no accedieron a todo lo que pedía Vox y que lo que se ha pactado es compatible con la visión del partido, con las ponencias aprobadas en el último congreso y con el documento marco que el PP elaboró como nexo común de todas las negociaciones.
Fuentes del partido reiteran que cuando eche a andar el Gobierno en Extremadura se podrá observar que las cautelas se van diluyendo y que no se va a discriminar a ciudadanos, ni se va a ir contra las leyes.
En un comunicado publicado el miércoles tras el acuerdo, el PP de Alberto Núñez Feijóo señalaba: "Otro capítulo cerrado, Aragón. Vamos a por el siguiente", que en este caso será Castilla y León, comunidad que también celebra hoy su día.
En un acto público, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha eludido pronunciarse sobre el polémico concepto, pero ha explicado que trabajarán "en los próximos días y las próximas semanas" con "intensidad" y "tranquilidad" para "tener un proyecto de futuro" para la región.
Mañueco ha confirmado que mañana acudirá a Mérida para asistir a la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y que hará lo mismo la próxima semana, en el caso de Azcón.
El pacto alcanzado ayer en Aragón se produce cuando falta menos de un mes para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
Quien ha expresado su rechazo frontal a los pactos regionales y el concepto de prioridad nacional es el Gobierno, que incluso ha advertido que recurrirá ante el Tribunal Constitucional "cualquier acuerdo" que tome "cualquier comunidad autónoma que vaya en contra de la Constitución y aplastando los derechos humanos".
Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha dicho que van a estar "hipervigilantes".
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho que el término es "claramente xenófobo y racista" y "retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, a lo peor del siglo XX", una postura similar a la mostrada por el ministro de Óscar López
El titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha acusado a los populares de haber vuelto a la "caverna" por haber "mordido la manzana" del partido de Santiago Abascal.
El PP, ha dicho, ha "rebobinado 40 años para comprar las ideas de un partido fascista, franquista como es Vox". EFE
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