El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

El modelo Meloni para deportar migrantes fuera de las fronteras europeas continúa avanzando en los tribunales europeos. El abogado de la UE ha avalado el acuerdo alcanzado entre Italia y Albania para establecer y administrar centros de deportación en territorio albanés bajo las leyes italianas.

En un comunicado difundido este miércoles, el letrado no observa incompatibilidad con las leyes europeas, pero ha condicionado la viabilidad del plan a las garantías de protección de los derechos de los migrantes. La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

La decisión se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias en Europa. La Eurocámara aprobó el pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que refuerza las sanciones contra la migración irregular y abría la puerta a la creación de “centros de retorno” fuera de las fronteras de la Unión.

Pero el plan Meloni genera mucha división entre los Veintisiete y en la propia sociedad civil. Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos ya exploran la firma de acuerdos con terceros países “seguros” para replicar el modelo de Roma a lo largo de este mismo año, mientras que Francia y España han expresado serias dudas sobre la efectividad real de los centros de retorno por el riesgo a que se vulneren los derechos humanos.

Meloni insiste en reactivar las deportaciones pese a los reveses de la justicia italiana

El gobierno italiano fue el primero que sondeó y puso en funcionamiento el retorno de migrantes a países extracomunitarios, a Albania, considerado como un país “seguro”, según el criterio de Roma. Uno de los centros italianos está ubicado en la pequeña localidad albanesa de Gjader, con capacidad para albergar a 3.000 personas, aunque su capacidad dependería de los flujos migratorios.

El centro se extiende a lo largo de dos kilómetros y anteriormente funcionaba como una base militar durante la Guerra Fría. Sus críticos, entre ellos diversas asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, lo han descrito directamente como una cárcel, debido a que el recinto está cercado por muros de cemento y estructuras metálicas de más de cinco metros de altura.

Pero la medida ha sido tumbada en varias ocasiones por los tribunales de Roma, que negaron el permiso y ordenaron reubicar a los migrantes que llegaron a estos centros en las costas italianas. El asunto está ahora en el Tribunal Superior de Justicia y el abogado general de la UE, Dean Spielmann, que pertenece a este órgano, señaló en un anterior comunicado que cada país podría designar su propio criterio, pero dio la razón a los tribunales romanos afirmando que “debe disponer de las fuentes de información en las que se base esa designación”, aspecto que Italia no cumplía en un inicio.

Pese a los frenazos judiciales, Meloni no ha desistido en su intento por reactivar el plan y aprobó el pasado mes de febrero un nuevo proyecto de ley que permite a las autoridades desplegar bloqueos navales de hasta seis meses para impedir la entrada de embarcaciones en aguas territoriales italianas. La iniciativa contempló, además, la reactivación de las deportaciones de migrantes a Albania.