Los peritos de Pujol Junior defienden que su trabajo era real: "Suministraba información"

San Fernando de Henares (Madrid), 15 abr (EFE).- Los peritos contratados por los Pujol han rebatido a los inspectores de Hacienda al sostener que los pagos millonarios que el primogénito recibió de empresarios correspondían a servicios reales, por su labor de "suministrador de información", y han defendido que, aunque fueran mordidas, podían dar derecho a deducciones fiscales.

El juicio contra los Pujol por la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree amasaron con comisiones ilegales, ha proseguido este miércoles en la Audiencia Nacional con las declaraciones de los peritos, en una sesión centrada en los informes de los expertos contratados por el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola.

La exposición de los peritos de la defensa ha ido dirigida a desmontar los informes de los inspectores de Hacienda, que ayer mantuvieron que los trabajos por los que Jordi Pujol Ferrusola cobró 14 millones de euros en ocho años de empresarios -en su mayoría contratistas de obra pública- eran ficticios, lo que apuntala la tesis de la Fiscalía de que enmascaraban el pago de comisiones ilegales.

Sin embargo, para los peritos de la defensa -un interventor e inspector de Hacienda en excedencia, y dos profesores universitarios expertos en derecho fiscal y tributario-, no hay duda de que hubo "prestación de servicios" por parte de Pujol "Junior" por una "razón elemental: las facturas elevadas se emiten a una serie de empresas y estas las pagan".

Sebastián Piedra, inspector de Hacienda en excedencia que ahora ejerce de asesor fiscal, ha aducido que el trabajo de Pujol Ferrusola consistía en un "servicio personalísimo", lo que explica la falta de medios materiales en las empresas con las que el acusado facturaba los trabajos y de soporte documental que los acreditara.

Según el perito, los servicios prestados por Pujol "Junior" se basaban en un elemento de "extraordinario valor pero intangible, una red de contactos y de información", y para ese perfil de actividad "no suelen existir contratos previos". La prueba de que era una prestación real, ha añadido, es que las empresas "ejecutaron el negocio" para el que lo habían contratado.

"Hay indicios de que los servicios sí se han realizado. Han tenido éxito las operaciones. Si se paga, es que el que paga ha reconocido el servicio", ha remachado Jorge Pérez García, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Barcelona.

Los peritos de Jordi Pujol Ferrusola han cuestionado también el alcance del fraude fiscal que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le atribuyen por esos pagos y, para ello, esgrimen que la delegación de Hacienda en Cataluña, "especialmente temida", aplicó a esas ganancias un régimen fiscal más beneficioso que los técnicos de los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), al considerarlo operaciones vinculadas a actividad económica.

Los inspectores de la ONIF -unidad de la Agencia Tributaria- defienden que a efectos fiscales los pagos a Pujol Ferrusola deben tratarse como "ganancia patrimonial no justificada", no como actividad económica -que permite deducir gastos-, incluso en el supuesto de que los servicios prestados fueran reales, teniendo en cuenta que se cobraron mediante una sociedad instrumental que es un "puro cascarón", sin medios materiales ni humanos.

Ese tratamiento fiscal ha derivado en otro encontronazo entre los peritos de Hacienda y los de la defensa, hasta el punto de que el abogado del Estado les ha emplazado a aclarar cómo deberían tributarse en el IRPF los ingresos de Pujol Ferrusola en el caso de que procedieran de la corrupción.

"¿Me está usted diciendo que si el señor Pujol recibía ingresos como una mordida de corrupción, eso es una actividad económica que tiene que tributar en el IRPF?", "Si el tribunal concluye que los pagos no correspondiesen a labores de intermediación, ¿eso cómo tendría que tributar?", ha preguntado el abogado del Estado, José Ignacio Ocio.

"Si no es oculto y se ha facturado como servicios profesionales, se tiene que declarar como actividad económica. La naturaleza tributaria no se altera en ningún momento por como sea calificado por la Agencia Tributaria", ha concluido el perito.

También ha declarado este miércoles la asesora fiscal Elena Blanco Ruiz, funcionaria en excedencia del Cuerpo Técnico de Hacienda, a propuesta de Mercè Gironés, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, que ha discrepado que ella cometiera un delito fiscal en 2012.

El fiscal acusa a Mercè Gironés de dejar de ingresar en el ejercicio 2012 la cantidad de 409.796 euros por las rentas obtenidas a través de la empresa Interrosario Port Services, que era propiedad de Jordi Pujol Ferrusola en un 66,67 por ciento y de su ex esposa en un 33,33 por ciento.

Ha explicado que el objeto de Interrosario Port Servives era participar en un 30 por ciento en la compañía argentina Terminal Puerto de Rosario y que en 2012 la vendieron a una sociedad chilena por lo que obtuvieron una ganancia de cuatro millones de euros, de los cuales alrededor de un millón correspondía a Mercè Gironés.

La perito ha manifestado que en la operación de venta se acordaron pagos aplazados desde 2012 hasta 2017 pero Hacienda imputó todo el incremento patrimonial de Mercè Gironés el primer año sin ofrecerle repartirlo en todos esos ejercicios, lo que le habría sido más favorable, cuando sí se ofreció esta posibilidad a Jordi Pujol Ferrusola.

Ha precisado que si se le hubiera aplicado esa distribución a Mercé Gironés la cuota resultante a efectos tributarios en 2012 habría sido de 88.000 euros y no habría llegado al límite de 120.000 para considerar un supuesto delito fiscal. EFE