Madrid, 15 abr (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado al PP que "se ubique" contra la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Ya está bien de excusas, de obstáculos, de intentar boicotear la esperanza y la dignidad de miles de personas", ha reprochado.
En una entrevista en TVE, Saiz ha respondido este miércoles a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha asegurado que la regularización aprobada ayer por el Ejecutivo servirá para dar permiso de residencia a quienes, por ejemplo, han abusado de una mujer o han robado, pese a que uno de los requisitos es carecer de antecedentes penales.
Saiz ha recalcado que esta medida va dirigida a personas en situación irregular, no a delincuentes: "No voy a comprar, de ninguna manera, el marco que intenta introducir el PP vinculando inmigración con delincuencia", ha sentenciado.
Además, ha recordado, al que considera "el PP más desubicado de la historia", que con sus palabras no está boicoteando al Gobierno, sino a miles de ciudadanos que hoy tienen más esperanza, más derechos, más obligaciones y más dignidad.
Ha lamentado que el partido no esté del lado de la Iglesia, de los sectores productivos y de la memoria de un país que fue emigrante, y sí lo esté de Vox, junto al que ha votado en las últimas semanas medidas contra la inmigración como la eliminación de la figura del arraigo, con la que las personas pueden regularizarse.
Varias comunidades del PP como Madrid, Comunidat Valenciana, Baleares, Murcia y Cantabria han anunciado en las últimas horas que estudian recurrir ante la justicia el real decreto para la regularización de inmigrantes.
El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que ya está trabajando en la redacción de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, porque considera que esta "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin mecanismos de financiación o medios para las autonomías.
También para la Comunitat Valenciana esta medida llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la comunidad.
El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, anunció ayer que su equipo estudiará recurrir el real decreto y censuró la medida por no contar con la opinión de ninguna comunidad autónoma.
En la misma línea se ha manifestado la presidenta de Cantabria, María José Saéz de Buruaga, quien ha calificado la regularización de "una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia" de España.
El Gobierno de las Islas Baleares también ha decidido que recurrirá el real decreto ante el Supremo y pedirá su suspensión cautelar, al considerar que supone un "efecto llamada" y la sobrecarga los servicios autonómicos y no garantiza la integración de las personas.
Sin embargo, otra de las comunidades gobernadas por el PP, Andalucía, se ha desmarcado de esta línea: preguntada si el Ejecutivo se plantea recurrir el real decreto, su consejera de Inclusión Social, Loles López, ha rechazado entrar en ese debate para no contribuir a la polarización y a la división y ha abogado por centrarse en trabajar. EFE
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