Llega al TC la reclamación de reparación de una mujer por trato policial degradante

Madrid, 15 abr (EFE).- El periplo judicial de una mujer de Córdoba que reclama al Estado reparación por las lesiones que denuncia que sufrió durante su detención el 27 de enero de 2013 ha llegado al Tribunal Constitucional (TC), que ha acordado estudiar su recurso contra la negativa del Tribunal Supremo (TS) a que sea indemnizada.

Continúa así el camino judicial de la mujer, que llegó hasta la ONU, donde el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas vio en la actuación policial "indicios razonables de tratos crueles, inhumanos o degradantes" e instó a España a darle "una reparación plena y adecuada por los sufrimientos que le han causado, incluidas medidas de indemnización por los daños materiales y morales causados, y medidas de rehabilitación".

La mujer presentó en febrero de 2021 una reclamación patrimonial al Ministerio del Interior y consiguió en 2022 que la Audiencia Nacional condenase al Estado a pagarle una indemnización de 3.000 euros, pero un año después el Tribunal Supremo la anuló.

En aquella sentencia, el Supremo estableció que los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por sí solos no son suficientes para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, y que las decisiones de dicho comité no pueden considerarse que vinculan a la Administración ni a los órganos jurisdiccionales españoles declarar la procedencia de dicha responsabilidad.

Los abogados de la mujer recurrieron esa sentencia -que contó con un voto particular de dos magistrados- ante el TC, que ahora ha admitido a trámite su recurso de amparo.

En una nota informativa, el TC aprecia especial trascendencia constitucional en este caso porque el recurso de amparo plantea un problema o afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque puede dar lugar para aclarar o cambiar su doctrina.

Todo ello "como consecuencia de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales" recogidos en la Constitución.

El recurso plantea la infracción del derecho a la integridad física y de la tutela judicial efectiva, explica el TC.

La recurrente fue detenida el 27 de enero de 2013 en la estación de Adif de Córdoba por cuatro agentes de la Policía Nacional que solicitaron revisar su bolso y, "al encontrar en él una cartera que no pertenecía a la autora", la causaron una serie de lesiones que acabaron en una fractura nasal, según su denuncia.

Un día después, la mujer denunció a los cuatro policías; el 31 de enero de 2014 el Juzgado de Instrucción número uno de Córdoba archivó la causa, auto que fue ratificado el 10 de julio de ese mismo año por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Esa vía de la denuncia penal decayó, y lo que estudiará ahora el TC es su recurso contra la negativa del Supremo a recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. EFE