El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras "las liberaciones de etarras" por el "pacto" de Sánchez y Bildu

La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario permitió recientemente al preso de ETA Ángel Tellería Uriarte acceder a un régimen de semilibertad, saliendo del centro de Zaballa de lunes a viernes y regresando por las noches a la prisión. Este beneficio penitenciario ha intensificado la polémica en torno a los acuerdos políticos entre el Gobierno y fuerzas independentistas vascas, en particular EH Bildu, según denuncias de representantes del Partido Popular (PP). La formación opositora sostiene que la concesión de estas medidas a reclusos condenados por terrorismo responde a pactos políticos y reclama un endurecimiento de la legislación para impedir que condenados por delitos de terrorismo accedan a beneficios penitenciarios de este tipo.

De acuerdo con Europa Press, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, exigió una reforma del reglamento penitenciario luego de hacerse pública la flexibilización de la condena para Tellería Uriarte. Gamarra atribuyó esta medida al acuerdo político entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y EH Bildu, y afirmó que se trata de una nueva cesión del Gobierno a las demandas de la formación vasca. “Otro etarra sale de la cárcel por decisión del Gobierno vasco. Exigimos el cambio del Reglamento Penitenciario”, declaró, señalando que las liberaciones no deberían quedar sujetas a los intereses del presidente del Gobierno.

Según lo consignado por Europa Press, en la misma línea se pronunció previamente en el Congreso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien criticó la política penitenciaria del Gobierno y el otorgamiento del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', condenada a más de 600 años de prisión por una decena de crímenes. Feijóo preguntó directamente al presidente Sánchez si estas medidas eran resultado de pactos políticos y citó casos anteriores, como el de Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', beneficiado en febrero con el mismo artículo 100.2.

Europa Press informó que la polémica se intensificó después de que Gamarra calificara estas decisiones como “el mayor ejemplo de corrupción política y moral del sanchismo”, acusando al Gobierno de convertir la política penitenciaria en un instrumento de negociación política. Gamarra consideró que el acercamiento de presos de ETA y la transferencia de la competencia penitenciaria al Gobierno vasco en la pasada legislatura constituyeron hitos que allanaron el camino para la aplicación de estos regímenes de semilibertad.

La dirigente del PP también subrayó que a su juicio solo deberían otorgarse beneficios penitenciarios a quienes muestren arrepentimiento y colaboren con la justicia, advirtiendo que existen 400 asesinatos perpetrados por ETA que permanecen sin resolver. Para Gamarra, el hecho de que se concedan beneficios a terroristas con largas condenas evidencia el uso de la política penitenciaria como herramienta para obtener ventajas políticas más que responder al interés general.

El medio Europa Press detalló que en respuesta a estos acontecimientos, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley para impulsar una modificación legislativa. Esta propuesta busca prohibir que los condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario, un castigo vigente desde 2015. Aunque los etarras mencionados no se encuentran bajo este régimen, la situación ha puesto en el foco la necesidad de reformas que eliminen la posibilidad de combinar grados de condena y acceder a regímenes de semilibertad a través del artículo 100.2.

En el documento registrado, el PP propone una revisión de la Ley Orgánica General Penitenciaria para incluir una regulación diferenciada de la prisión permanente revisable. Con ello, buscan garantizar que los condenados por terrorismo no puedan acogerse a modelos de ejecución de sus penas que permitan flexibilizar su estancia en prisión mediante la combinación de los regímenes de segundo y tercer grado, como ha ocurrido en los casos recientes denunciados por la oposición.

Según Europa Press, los representantes populares consideran que la interpretación actual de la normativa permite que los condenados eludan el cumplimiento efectivo de las penas establecidas por los tribunales. La iniciativa pretende cerrar cualquier resquicio por el que puedan acceder antes de lo previsto a la libertad o la semilibertad, especialmente en casos relacionados con delitos de terrorismo.

En sus declaraciones, Gamarra insistió en la necesidad de evitar que cuestiones tan sensibles como los beneficios penitenciarios se utilicen en función de intereses partidistas o de acuerdos políticos, subrayando que decisiones como la transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno vasco han propiciado un entorno favorable para este tipo de flexibilizaciones. La vicesecretaria concluyó que el PP continuará defendiendo una política penitenciaria que excluya los beneficios a quienes no demuestren arrepentimiento ni colaboren activamente con la justicia, poniendo como prioridad la memoria de las víctimas y el cumplimiento íntegro de las condenas.