Gamarra acusa al Gobierno de incumplir la ley en despliegues militares y Bolaños reta al PP a decir "con quién está"

La portavoz popular exige explicaciones al Ejecutivo por el envío de tropas fuera del país y critica la falta de transparencia, mientras el responsable de Presidencia desafía a la oposición a posicionarse sobre la intervención en Oriente Medio y sus apoyos políticos

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La petición para conocer el tiempo de permanencia de más de 1.200 militares españoles en zonas de conflicto marcó uno de los momentos destacados de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. Según publicó Europa Press, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, presentó un listado que especifica la presencia de 647 miembros de las Fuerzas Armadas en Líbano, 298 en Irak, 149 en Turquía y 210 a bordo de la fragata Cristóbal Colón, actualmente en el Mediterráneo oriental. Gamarra exigió mayor transparencia y respeto para los soldados, reclamando información concreta sobre las misiones y cuestionando la legalidad de los recientes despliegues.

De acuerdo con Europa Press, el debate se centró en la exigencia de Gamarra sobre el cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional, que requiere que la Cámara Baja autorice el envío de tropas a nuevas misiones fuera del territorio nacional. La portavoz del PP preguntó al Ejecutivo por la autorización referente al despliegue de la fragata Cristóbal Colón, destinada a una misión europea en Chipre tras los ataques ocurridos contra esta isla. Gamarra lamentó, además, la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las sesiones de control desde octubre, hecho que, a su juicio, limita la rendición de cuentas ante el Parlamento.

Según Europa Press, la parlamentaria popular también defendió que el Gobierno hace "invisibles" a los militares con el objetivo de sostener el discurso oficial del "no a la guerra", lo que, aseguró, constituye una contradicción entre el mensaje público del Ejecutivo y la realidad de las operaciones militares en curso. Gamarra manifestó que el Gobierno "incumple sistemáticamente la legalidad nacional" y sostuvo que no cumple ni la ley ni la Constitución.

Durante la respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que el Gobierno "cumple la ley, la Constitución y el derecho internacional". Bolaños invitó a la bancada popular a posicionarse expresamente respecto a la intervención en Oriente Medio y a los recientes ataques contra Irán, calificando estos actos de "agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional". El ministro desafió al PP a aclarar si está de acuerdo con los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, señalando que en 2003, bajo el gobierno de José María Aznar, el Ejecutivo popular apoyó acciones contrarias al derecho internacional.

Europa Press reportó que Bolaños llamó al Partido Popular a definir con claridad su postura en la actual coyuntura internacional y solicitó que condene las acciones perpetradas contra Irán. El ministro instó al grupo parlamentario a distanciarse de los líderes de Vox, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y a optar por alinearse con los intereses de los ciudadanos españoles. Bolaños vinculó el cumplimiento del derecho internacional con la defensa de los valores de pacifismo y democracia.

En el turno de réplica, Gamarra introdujo otra polémica al acusar al Gobierno de querer designar "a dedo" a un magistrado para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Preguntó a Bolaños si era consciente de que el procedimiento elegido podría ser rechazado por el Consejo de Europa, y citó como antecedente el caso de Hungría. El debate sobre la renovación del Tribunal Constitucional también estuvo presente en la discusión. El ministro Bolaños recordó que el Partido Popular fue quien designó a los jueces en el pasado y defendió que en la etapa actual participan juristas y vocales reconocidos por su trayectoria. Bolaños propuso al PP fijar una fecha para negociar la renovación de los cuatro magistrados pendientes en el Tribunal Constitucional, subrayando que tres de esas vacantes suponen un incumplimiento de la Constitución.

La jornada parlamentaria recogió, además, la intervención de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que criticó la política económica del Gobierno y aseveró que la situación de las familias españolas es cada vez peor, mientras que, según sus palabras, los socialistas y su entorno mejoran. Insistió en que el Ejecutivo prioriza conflictos internacionales por encima de los problemas internos y denunció la presión fiscal, citando que solo en los siete primeros días de la guerra se recaudaron más de 20 millones de euros adicionales por el IVA aplicado a los combustibles. Millán mencionó, también, la falta de inversiones, refiriéndose a la ausencia de líneas de Alta Velocidad hasta Málaga, las listas de espera en dependencia y la inexistencia de nuevas viviendas públicas.

En su intervención, Félix Bolaños defendió los resultados de la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,8%, la reducción de la tasa de paro y el aumento de cerca del 70% en el salario mínimo interprofesional en los últimos años. Según informó Europa Press, Bolaños ilustró que los sectores de la hostelería y el turismo muestran actualmente elevados niveles de actividad, como demuestran los restaurantes, terrazas y hoteles llenos. Acusó a Vox de sembrar discordia y de actuar en contra del derecho internacional.

La sesión mostró la confrontación entre las fuerzas políticas mayoritarias sobre la política de defensa, la legalidad de las misiones internacionales y la gestión económica, mientras persistieron los reclamos de mayor transparencia, debates sobre la justicia y cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.