
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, destacó la importancia de separar la imagen institucional de la Cámara de Comercio de Alicante de la investigación judicial en curso, manifestando que, hasta el momento, no existe constancia de que la Cámara esté implicada en el caso. Esta declaración surgió tras la detención de Carlos Baño, presidente de dicha entidad y de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), dentro de una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción relacionada con el programa de bonos comercio de 2022 y 2023, desarrollados por la Diputación de Alicante en varios municipios. Según publicó la agencia Europa Press, Llorca subrayó que “lo primero, para no dañar a una institución tan importante como la Cámara de Comercio, es separar estas cuestiones, pues no me consta que haya nada más o nada que afecte a la Cámara de Comercio en sí".
Al ser consultado sobre la investigación y la detención de Baño, Llorca opinó que este tipo de procedimientos deben seguir su curso, subrayando la importancia de que se respete la presunción de inocencia. El medio Europa Press detalló que el jefe del Ejecutivo valenciano manifestó: “Tenemos que ser muy respetuosos con los tiempos y, de momento, con esa presunción de inocencia del señor Baño”. De acuerdo con el presidente autonómico, el procedimiento judicial debe continuar conforme a la legalidad vigente y con total imparcialidad, para asegurar la legitimidad del proceso y evitar daños colaterales a las instituciones asociadas.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, reportó Europa Press, se originó tras una denuncia formal vinculada a la gestión de los denominados bonos comercio, utilizados para favorecer la actividad comercial en una veintena de municipios de la provincia de Alicante durante los años 2022 y 2023. Los detalles sobre el alcance y las personas involucradas en la investigación han sido limitados, aunque el presidente de la Generalitat hizo hincapié en que su conocimiento no alcanza a una posible implicación directa de la Cámara de Comercio de Alicante, centrando la atención únicamente en Facpyme, la federación encabezada también por Baño.
Europa Press consignó que Llorca reiteró la necesidad de actuar con prudencia y respeto hacia las resoluciones judiciales en torno a este caso, remarcando que la presunción de inocencia permanece como un pilar fundamental del sistema judicial. Además, manifestó que sólo un pronunciamiento firme de la justicia podrá determinar responsabilidades, y hasta entonces resulta imprescindible no adelantar juicios que puedan perjudicar a las personas o a las entidades vinculadas indirectamente.
El presidente valenciano expresó sus declaraciones en Castellón, donde fue interpelado por los medios de comunicación con motivo de la detención de Baño. Durante la comparecencia, insistió en la relevancia de no asociar automáticamente la actuación individual con la actuación institucional, algo que podría provocar un daño reputacional injustificado a la Cámara de Comercio de Alicante mientras la investigación no arroje evidencias en ese sentido. Tal como puntualizó Europa Press, Llorca abogó de manera reiterada por la continuidad de la investigación judicial, recordando la relevancia del proceso para esclarecer los hechos en torno al programa de bonos comercio y su posible gestión irregular.
El caso ha generado atención en el ámbito institucional y económico valenciano, ya que la Cámara de Comercio y Facpyme desempeñan un papel central en la dinamización comercial de la provincia. Según Europa Press, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción se da en respuesta al compromiso del Ministerio Público con el control del uso de recursos públicos destinados al impulso económico, como los bonos comercio implementados en municipios alicantinos en los años consignados.
Llorca insistió, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, en que todas las garantías legales deben preservarse para las personas bajo investigación y recordó la importancia de confiar en el funcionamiento regular de las instituciones judiciales, tanto para proteger los derechos individuales como para salvaguardar el prestigio y la estabilidad de organismos empresariales relevantes para el territorio.

