
El debate sobre cómo abordar el impacto económico derivado del conflicto en Irán ha centrado las últimas negociaciones entre los socios del gobierno de coalición en España. Según consignó el medio, el ministro de Cultura Ernest Urtasun afirmó que Sumar solicita la aprobación inmediata de un paquete de medidas fiscales y sociales en el próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes. Urtasun explicó que una de las propuestas clave reside en la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que finalizan en 2026, como ocurrió durante el inicio de la guerra en Ucrania.
En declaraciones recogidas por la prensa durante una visita institucional al Institut Escola Pere Lliscart en L'Hospitalet de Llobregat, Urtasun contó que desde el Ejecutivo trabajan junto con el Partido Socialista en la elaboración de “un escudo social destinado a paliar los efectos de la guerra en Irán”. Según relató el ministro y publicó la fuente, el propósito de las medidas es evitar que el aumento de precios y otros efectos económicos derivados del conflicto recaigan sobre las familias españolas.
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El medio también reportó que la propuesta incluirá medidas fiscales orientadas a contrarrestar la subida de la cesta de la compra, además de ayudas relacionadas con el transporte público y apoyos para actividades profesionales afectadas por la situación internacional. Urtasun detalló que Sumar ha planteado expresamente que la vivienda forme parte del paquete, a través de la prórroga de contratos de alquiler vigente, una disposición que busca proteger el acceso a la vivienda ante posibles aumentos de costes.
“El objetivo es que esta guerra ilegal iniciada por Donald Trump no la pague ningún ciudadano español”, afirmó Urtasun, quien remarcó la oposición del Gobierno a la ofensiva y su compromiso con la protección social. El ministro describió la coyuntura como complicada tanto por la inestabilidad en el estrecho de Ormuz como por la persistencia de los bombardeos, lo que según su análisis puede trasladar efectos económicos inmediatos que requieren respuestas urgentes.
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Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, también intervino en el debate desde Barcelona. Saiz criticó al Partido Popular argumentando que la formación votó en contra del anterior paquete de medidas de escudo social hace menos de dos semanas. De acuerdo con su declaración reproducida por la fuente, la portavoz cuestionó: “Al Partido Popular, que hace esas críticas, yo le preguntaría que por qué votó hace escasamente dos semanas que no a un escudo social. ¿Qué es lo que no le gustaba del escudo social para haber votado que no? Es fácil lanzarse a la crítica”.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno prohíba los despidos por motivos energéticos, como ha propuesto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Saiz abogó por la prudencia e indicó que el Ejecutivo desafía la situación manteniendo el diálogo con sindicatos y patronal, como ocurrió en la reunión reciente con los agentes sociales. Según publicó la fuente, la portavoz reiteró que el Gobierno pretende ofrecer una respuesta adecuada y eficaz a la crisis desatada por el conflicto en Irán.
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Dentro del Gobierno, la facción socialista ha preferido mantener un tono cauto ante las peticiones de Sumar, apostando por la moderación antes de concretar decisiones definitivas en torno a las nuevas restricciones o ayudas. No obstante, el ala de Sumar presiona para que el acuerdo se materialice en el próximo Consejo de Ministros.
La situación del estrecho de Ormuz y la continuidad de los bombardeos han incrementado la preocupación sobre el encarecimiento del transporte y productos de primera necesidad en el mercado español. El gobierno de coalición negocia la extensión de medidas excepcionales implementadas durante crisis anteriores, como la pandemia o la guerra en Ucrania, que incluyeron regulaciones de alquiler y subvenciones al transporte público, para enfrentar el previsible impacto económico.
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El Decreto de escudo social planteado para afrontar la nueva coyuntura busca, según los principales impulsores, evitar consecuencias directas sobre las familias y proteger tanto el acceso a la alimentación como a la vivienda. El paquete de medidas, actualmente en fase de negociación entre Sumar y el PSOE, podría concretarse el próximo martes, cuando el consejo de ministros tome la decisión final sobre su aprobación, según adelantó Urtasun y reportó la fuente original.
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