
En la entrevista realizada tras asumir la máxima responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato señaló que la institución mantiene la misma postura que defendió durante el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz, sosteniendo que los hechos imputados no constituían delito. De acuerdo con la información publicada por el medio, Peramato anunció que se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de impugnar la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, después de que compartiera información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tal como informó el medio, Teresa Peramato precisó que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le había expresado “su intención” de solicitar la revisión ante el TC. En relación con esta decisión, la fiscal general explicó que dictó un decreto designando a Sánchez Conde como responsable para preparar y presentar el recurso de amparo. Esta designación cobra relevancia porque Sánchez Conde actuó previamente como fiscal en el caso contra García Ortiz y defendió su absolución, argumentando desde el inicio del proceso que la prueba no sustentaba una condena penal.
Según aportó el medio, Peramato subrayó en sus declaraciones que el Ministerio Público “siempre mantuvo una posición absolutoria”, atribuyéndolo a que “entendían que los hechos no eran constitutivos de delito”. Añadió que la Fiscalía sigue trabajando en la misma dirección y que consideran que la posición defendida desde un principio es “la correcta”. Estas declaraciones remarcan el respaldo de la actual dirección de la Fiscalía al que fuera su predecesor, reforzando la línea argumental de la defensa y dejando constancia de que la decisión de apelar se inscribe en esa lógica institucional.
El medio detalla que Peramato, durante la entrevista concedida en ‘TVE’, se refirió a la relación con García Ortiz, resaltando la existencia de “apoyo absoluto” entre ambos. Según la fiscal general, García Ortiz mantiene una actitud institucional y defiende la importancia del respaldo a quien ocupe el cargo de fiscal general del Estado, cualquiera sea la persona al frente de la institución. Peramato afirmó que ha mantenido comunicación con García Ortiz desde su asunción y que la relación entre ambos se caracteriza por la buena sintonía y el apoyo mutuo.
En cuanto a la repercusión de la sentencia del Tribunal Supremo y su impacto en la imagen pública de la institución, la fiscal general manifestó que el funcionamiento del tribunal no se ve afectado porque existan votos particulares o resoluciones no unánimes. En sus palabras, recogidas por el medio, subrayó que “no es la primera vez” que se enfrenta a fallos del Tribunal Supremo en los que la mayoría de los jueces no comparten la misma opinión y existen votos discrepantes. Agregó que este tipo de votaciones reflejan la pluralidad judicial sin poner en entredicho la labor del tribunal ni la legitimidad de sus decisiones.
La condena de inhabilitación que pesa sobre García Ortiz marca un hecho inédito, ya que se trata del primer caso en la historia de la Fiscalía General del Estado en el que un exfiscal general es condenado por un delito en el ejercicio de sus funciones, según publicó el medio. El delito por el cual fue sentenciado está relacionado con la divulgación de secreto sobre un procedimiento que involucraba a una figura de la esfera política madrileña. La medida ha generado debate sobre los límites de la responsabilidad penal en el quehacer cotidiano de los máximos responsables de la Fiscalía.
El anuncio del recurso ante el Tribunal Constitucional introduce una nueva etapa en el proceso judicial, prolongando la resolución definitiva sobre la situación de García Ortiz. Al involucrar a la máxima autoridad del Ministerio Público y a la estructura de la Fiscalía, la presentación del recurso tiene implicancias tanto en lo jurídico como en lo institucional, al proyectar el respaldo de la cúpula fiscal a la figura que protagonizó el caso.
En la misma línea de respaldo institucional, Peramato defendió la profesionalidad y el perfil de García Ortiz, resaltando su compromiso con la Fiscalía y destacando la perspectiva institucional que mantiene incluso tras la condena. Estas manifestaciones, recogidas por el medio, enfatizan la búsqueda de cohesión interna y de legitimidad actuando frente a un fallo judicial que la Fiscalía considera discutible.
La situación descrita en las declaraciones y acciones de la fiscal general pone en el centro del debate público el papel del Ministerio Público y la interpretación de los límites legales en la función de quienes ejercen su máximo liderazgo. Al recurrir la condena ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía insiste en su interpretación de que la actuación de García Ortiz no se ajusta a los supuestos previstos para una condena penal, reproduciendo la línea seguida por la teniente fiscal Sánchez Conde durante el proceso inicial, tal como consta en la información ofrecida por el medio.


