Citada como investigada la agente que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de El Bocal

El expediente judicial sobre el accidente mortal en la pasarela de El Bocal ha sido reforzado con una serie de diligencias que apuntan a esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Entre ellas, la jueza encargada ha exigido la continuación del precinto del área afectada, acompañado de la instalación inmediata de barreras físicas que impidan cualquier acceso a la zona. Además, ha requerido tanto al Ayuntamiento de Santander como a la Demarcación de Costas que se abstengan de modificar, trasladar o alterar la pasarela objeto de la investigación. Con estas órdenes, la investigación busca prevenir nuevos incidentes y garantizar la conservación de la evidencia en su estado actual mientras avanza el proceso.

El Tribunal de Instancia de Santander, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha citado a declarar el 27 de marzo a varias personas relacionadas directamente con los hechos. El medio ha detallado que una agente de la Policía Local, que recibió la llamada de alerta del 112 sobre el estado de la pasarela, comparecerá en calidad de investigada. También participarán como testigos los dos ciclistas que notificaron el accidente, el vecino que se comunicó con el 112 el día anterior, la operadora del 112 que transmitió la incidencia a la Policía Local y dos agentes de la Policía Nacional que practicaron la inspección ocular tras el siniestro.

El accidente se registró el 3 de marzo y resultó en la muerte de seis personas. Ante la gravedad de los hechos, la jueza de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción dictó las diligencias iniciales tras recibir un informe elaborado en pocas horas por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Policía Científica de Cantabria. Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el atestado entregado reseñaba en detalle los hechos que desembocaron en la tragedia y los pasos dados por las autoridades tras conocer la emergencia.

Tal como publicó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza también ha requerido al Servicio de Emergencias 112 información exhaustiva sobre si se han recibido anteriormente más alertas acerca del estado de la pasarela desde la apertura de la senda costera. En caso afirmativo, se deberá entregar el registro de las grabaciones de las llamadas, lo cual permitiría conocer posibles antecedentes de advertencias sobre la infraestructura.

El requerimiento se extiende a la recopilación completa de documentación técnica sobre la senda costera y, en particular, sobre la pasarela en cuestión. El Tribunal especificó que Costas y el Ayuntamiento de Santander deberán aportar expedientes administrativos, informes técnicos sobre el diseño, ejecución y mantenimiento, así como todos los documentos que informen sobre el estado de conservación de la estructura siniestrada. Esta documentación se considera esencial para evaluar la responsabilidad técnica y administrativa en los hechos.

Según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, las actuaciones judiciales también contemplan la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares, ofreciéndoles la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular. Dicha invitación se extiende tanto a los allegados de los fallecidos como a la única superviviente del accidente.

La resolución del Tribunal de Instancia de Santander, detalló el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, todavía no es definitiva. Las partes interesadas cuentan con un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma ante el mismo órgano instructor si discrepan de las medidas y diligencias acordadas.

El avance de estas diligencias responde a la necesidad de esclarecer las circunstancias del colapso en la pasarela mientras se establece si existieron actuaciones, omisiones o negligencias previas que contribuyeron a la tragedia. La investigación judicial pone el foco en la gestión de las alertas recibidas y en la cadena de comunicaciones y decisiones administrativas previas al accidente.

Según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la instrucción apunta a aclarar tanto la actuación del personal policial y de emergencias como la del personal técnico y administrativo responsable de la senda costera. El objetivo es delimitar eventuales responsabilidades penales y administrativas en función de las pruebas que se recojan durante la instrucción y a partir de las declaraciones de los citados.

El proceso judicial permanece abierto a nuevas diligencias conforme avancen las investigaciones y se analicen los informes y registros solicitados, en busca de determinar si el accidente pudo haberse evitado y si se cumplieron todos los protocolos establecidos para la gestión y mantenimiento de infraestructuras públicas como la pasarela de El Bocal.