La mujer que denunció al exDAO pide "confidencialidad garantizada" de las pruebas tras el 'no' a la plena reserva

El abogado de la policía denunciante entregó al juzgado registros de llamadas, mensajes vía WhatsApp y grabaciones de audio generadas en el contexto de la presunta agresión sexual por parte del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Entre los argumentos presentados, insistió en que las pruebas consisten en elementos de la vida íntima y datos especialmente sensibles, cuya difusión podría poner en riesgo la seguridad y la identidad de su clienta. De acuerdo con Europa Press, la defensa de la agente sostiene que existieron filtraciones previas que forzaron la implantación de una escolta policial para protegerla, y solicitó un refuerzo procesal para evitar nuevas exposiciones de los datos suministrados.

Según reportó Europa Press, tras la negativa judicial a conceder la “plena reserva” sobre las pruebas, el abogado Jorge Piedrafita elevó un escrito pidiendo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid medidas adicionales: solicita la “confidencialidad garantizada” del material aportado. En el documento, Piedrafita argumenta que la decisión previa del juez, al optar por una entrega digital irrestricta, adoptó la alternativa menos protectora para la denunciante y dejó la confidencialidad en un plano solo formal, mientras que el riesgo de nueva difusión persistía. A su juicio, el magistrado no habría evaluado en suficiente profundidad el daño que podría causar a la víctima el acceso total a la evidencia presentada, frente a los beneficios prácticos de esa difusión.

La petición de Piedrafita consistía en que las pruebas pudieran examinarse únicamente en la sede judicial bajo la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, para restringir la manipulación y visualización de los registros a las partes estrictamente implicadas en el proceso, evitando así la reproducción de filtraciones que pudieran comprometer la identidad y la vida privada de la denunciante. Europa Press especifica que el abogado entregó al juzgado un listado de llamadas hechas por el exDAO a la denunciante, capturas de los mensajes enviados por WhatsApp y grabaciones de voz relacionadas con los hechos denunciados.

La providencia judicial, citada por Europa Press, confirma que el juez responsable del caso trasladó las pruebas tanto a la defensa de José Ángel González como al Ministerio Fiscal, aunque rechazó la solicitud de que solo pudieran examinarse en presencia de personal judicial y dentro de las dependencias del juzgado. El magistrado argumentó que la transmisión de la evidencia a través de canales seguros destinados a las partes personadas y al Ministerio Público aseguraba la confidencialidad, por lo que consideró innecesaria la restricción absoluta solicitada por la denunciante. El escrito judicial señala que “no accediéndose a lo solicitado de que sólo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad”.

Europa Press detalló que la denuncia de la agente derivó en la instrucción de un caso de presunta agresión sexual en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Durante la fase de instrucción, el juzgado solicitó tanto los audios como el conjunto de pruebas relacionadas con los hechos denunciados. Las medidas de protección, según el abogado, resultaron necesarias tras la filtración de datos personales, lo que llevó a la designación de una escolta policial.

El debate sobre el tratamiento y acceso a la prueba evidencia la tensión entre el derecho a la defensa de las partes y la obligación de resguardar la identidad y la seguridad de las víctimas en contextos sensibles, especialmente cuando datos personales y contenido privado pueden verse expuestos en procedimientos judiciales. Las actuaciones judiciales revisadas por Europa Press muestran que la jueza priorizó el acceso de las partes al material, confiando en la protección de los canales oficiales, frente a la petición expresa de la denunciante de limitar la exposición al máximo posible.

El caso subraya la preocupación de la denunciante por eventuales nuevas filtraciones, y por la repercusión que la difusión de sus datos personales pueda tener no solo en el proceso, sino en su seguridad personal y profesional, dadas las circunstancias que han motivado ya la adopción de medidas excepcionales por parte de las autoridades de seguridad. Tal como consignó Europa Press, la controversia continúa centrada en el alcance de la confidencialidad efectiva para protección de la afectada.