Gobierno Vasco aplaude la desclasificación de documentos pero dice que la ley de secretos es "heredera del franquismo"

En declaraciones posteriores a la reunión semanal del Consejo de Gobierno vasco, la portavoz María Ubarretxena remarcó que la normativa actual sobre secretos oficiales aún mantiene elementos "heredados del franquismo" y carece de los estándares democráticos que exige la sociedad española. Al mismo tiempo, presentó una valoración positiva respecto al anuncio del Gobierno central sobre la desclasificación de documentos confidenciales relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Según informó el medio, Ubarretxena reconoció la medida del Ejecutivo español como "un paso en la buena dirección". La portavoz destacó que poner a disposición de la ciudadanía información reservada sobre un hecho de trascendencia en la historia reciente, como fue el intento de golpe de Estado, supone una señal de apertura por parte del Gobierno central. Sin embargo, subrayó la persistencia de una legislación que considera desfasada en comparación con los parámetros democráticos actuales.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Ubarretxena recordó que la ley de secretos oficiales vigente en España tiene su origen en el periodo franquista y, según sus palabras, "no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos". La representante del Gobierno Vasco expresó que, más allá del gesto de desclasificar algunos documentos, persiste la necesidad de revisar y actualizar la regulación sobre información reservada para garantizar la transparencia y el acceso ciudadano a los archivos históricos.

El medio detalló que María Ubarretxena expuso estos argumentos tras la habitual comparecencia ante los medios de comunicación, donde insistió en que la sociedad actual demanda mecanismos más abiertos y democráticos en la gestión de la documentación clasificada. Consideró que la desclasificación de los materiales del 23-F responde a una vieja reivindicación de sectores sociales y políticos que han solicitado explicaciones claras sobre los hechos que rodearon el intento de golpe de Estado, pero advirtió que la existencia de una ley anacrónica limita avances adicionales en materia de derecho a la información.

La presidenta vasca señaló que las reformas pendientes en la normativa estatal sobre secretos oficiales constituyen un elemento clave para avanzar en la transparencia institucional. Ubarretxena sugirió que una actualización de la ley permitiría cerrar la brecha entre las expectativas ciudadanas respecto al acceso a información histórica relevante y las restricciones impuestas por una legislación que, según indicó, mantiene una inspiración autoritaria por su origen preconstitucional.

El anuncio del Ejecutivo español sobre la desclasificación de documentos del 23-F ha generado atención en la opinión pública y en distintas instituciones, dada la relevancia de los hechos ocurridos el 23 de febrero de 1981. Analistas y asociaciones vinculadas a la memoria histórica han reclamado en distintas ocasiones una mayor apertura en los archivos oficiales para conocer con detalle las circunstancias y responsabilidades de ese periodo. Según publicó el medio, el Gobierno Vasco se suma a este planteamiento, aun reconociendo el valor del paso dado por el Gobierno central.

Durante la comparecencia, Ubarretxena afirmó: "Hoy es un buen día para recordar que existe una ley de secretos oficiales heredera del franquismo que no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos". Con ello, puso de relieve que, aunque la decisión de desclasificar los documentos del 23-F resulta pertinente y esperada por muchos sectores, la problemática de fondo sigue vinculada a la necesidad de ajustar la legislación a los estándares de las democracias consolidadas.

El medio consignó que la portavoz vasca concluyó su intervención reiterando el compromiso institucional con la defensa de los principios democráticos, la transparencia y la memoria histórica. De acuerdo con su intervención, la plena normalidad democrática exige reformas normativas capaces de garantizar el libre acceso a la información pública, especialmente aquella relevante para la comprensión de eventos fundamentales del pasado reciente.