Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado este martes como testigo en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid, donde ha asegurado que nunca habló con miembros del Ejecutivo sobre los contratos públicos adjudicados a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia, de unos 20 minutos según fuentes jurídicas consultadas por El País, se enmarca en una investigación sobre posibles irregularidades en licitaciones financiadas con fondos europeos.

La Fiscalía Europea analiza la adjudicación de contratos por valor de 8,4 millones de euros por parte de la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estos contratos recayeron en una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next —vinculada a Barrabés— y The Valley Digital Business School.

Una relación “estrictamente profesional”

El interrogatorio se ha centrado, fundamentalmente, en delimitar la naturaleza de la relación entre Gómez y el empresario. La testigo ha sostenido que no existía amistad entre ambos y ha enmarcado cualquier contacto en el ámbito académico, vinculado a la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Barrabés participó como docente en uno de los programas formativos, y, según ha explicado Gómez, las reuniones mantenidas respondían a la elaboración del plan docente que debía ser validado por la institución.

En línea con lo que ya había manifestado en sede judicial, Gómez ha indicado que no recuerda con precisión cuándo conoció al empresario, situando ese primer contacto en algún evento relacionado con la sostenibilidad. También ha subrayado que su interlocución con él no difería de la que mantenía con otros profesores implicados en el máster.

Uno de los puntos que más interés ha despertado entre los fiscales ha sido el relativo a las cartas de apoyo que figuran en el expediente de adjudicación. Gómez ha afirmado que no recordaba haberlas firmado hasta que trascendieron en los medios de comunicación y que tampoco tenía constancia de si dichas misivas llegaron a tener algún efecto en el proceso de licitación. En este sentido, ha insistido en que desconocía incluso si la oferta presentada por la UTE resultó finalmente adjudicataria.

La Fiscalía Europea también ha indagado en posibles contactos con responsables políticos y administrativos. Gómez ha negado haber tratado este asunto con la entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, o con la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, así como con los distintos responsables de Red.es en el momento de las adjudicaciones. Según su versión, nunca trasladó ni recibió información sobre esos contratos, ni siquiera en conversaciones con el propio Barrabés.

El foco en la valoración de las ofertas

La investigación de la Fiscalía Europea, iniciada en 2024 a partir de una derivación del procedimiento instruido por el juez Juan Carlos Peinado, pone el acento en el modo en que se evaluaron las ofertas presentadas a los concursos públicos. En concreto, los fiscales tratan de determinar si la valoración subjetiva de los proyectos pudo inclinar la balanza en favor de la UTE adjudicataria.

Por el momento, según las fuentes consultadas por El País, no existen indicios que apunten a la participación de Gómez en esas decisiones. Su declaración se inscribe en una ronda de testimonios en la que han comparecido más de una veintena de personas, incluidos firmantes de cartas de recomendación similares y antiguos responsables de la entidad pública.

El avance de la causa ha estado caracterizado por varios informes técnicos que han puesto en cuestión el procedimiento seguido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporó a la investigación comunicaciones internas de Red.es que sugerían posibles irregularidades en la evaluación de las propuestas. A ello se suma un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que calificó de “arbitraria” la valoración discrecional realizada y advirtió de un incremento “injustificado” de la puntuación obtenida por la oferta de Barrabés en detrimento de otros competidores.

A partir de estos elementos, los fiscales europeos han impulsado nuevas diligencias para esclarecer si el sistema de puntuación aplicado se ajustaba a los criterios habituales o si, por el contrario, pudo haberse producido una desviación en el procedimiento.

Un empresario bajo doble escrutinio

El nombre de Barrabés aparece en dos frentes judiciales que avanzan en paralelo. Por un lado, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Peinado, investiga su relación con la cátedra universitaria impulsada por Gómez y analiza si existió un intercambio de favores vinculado a esa iniciativa académica. Por otro, la Fiscalía Europea examina exclusivamente las adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios.