El PP acusa al Gobierno de legislar "a ciegas" con la regularización de inmigrantes y critica que diga que saldrá gratis

La estimación de la Policía Nacional sitúa la cifra de personas afectadas por la iniciativa del Gobierno en torno a 1,2 millones, una cantidad significativamente superior a los 500.000 citados por la ministra Elma Saiz. A partir de estos datos, el Partido Popular (PP) ha dirigido fuertes críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que define como la “mayor operación de regularización masiva de toda Europa”. Según publicó Europa Press, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, afirmó que el mecanismo aprobado otorgará residencia de manera casi inmediata a cientos de miles de personas en situación irregular, alertando sobre un potencial incremento del fraude documental.

Europa Press expuso que la representante del PP señaló la ausencia de una planificación clara y cuestionó la declaración del Gobierno de que la medida no tendría costes económicos asociados. Ezcurra explicó que el plan permitiría el acceso a la residencia simplemente acreditando la solicitud de protección internacional o la permanencia durante cinco meses en España, y destacó que la única condición sería presentar una solicitud formal, sin requerir contratos de trabajo, formación profesional, aprendizaje del idioma ni consulta a bases de datos policiales. Según Ezcurra, este procedimiento “abre un nicho para el fraude documental” al sustituir el requisito del certificado de antecedentes penales por una declaración responsable.

La vicesecretaria del PP observó que, de acuerdo con la memoria del real decreto presentado por el Ejecutivo, el proceso de regularización no acarrearía ningún gasto y no tendría repercusiones presupuestarias para otras administraciones. No obstante, Ezcurra manifestó dudas y remarcó que, en la práctica, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes afrontarán los costes derivados. “Desde el mismo día siguiente a la entrada en vigor del real decreto, miles de personas van a empadronarse, van a escolarizar a sus hijos, van a acudir a los centros de salud, van a inscribirse en los servicios de empleo, van a poder solicitar prestaciones sociales... y todos estos servicios lo pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y que no tienen un solo euro previsto para absorberlo”, puntualizó la dirigente, según recogió Europa Press.

La portavoz del PP también centró su discurso en la suspensión automática de procedimientos sancionadores y de expulsión con sólo presentar la solicitud, de modo que quienes estén en proceso de retorno quedarían protegidos antes de que existiera una resolución o verificación completa de sus circunstancias. Ezcurra denunció que la eliminación de la exigencia de un certificado de antecedentes penales por parte del Gobierno, reemplazándola por una simple declaración responsable, genera un riesgo de falta de control y verificación en el proceso de regularización. Además, el PP cuestionó que el real decreto no exigiera ningún tipo de integración laboral, educativa o lingüística a los solicitantes.

Esta iniciativa, según las declaraciones de Alma Ezcurra recogidas por Europa Press, se convierte en la primera regularización masiva de personas extranjeras en España llevada a cabo sin un plan de gestión y sin dotación presupuestaria específica. Ezcurra recalcó que, para el PP, el camino adecuado sería establecer un sistema regulado que promueva la inmigración legal vinculada al empleo, y no, afirmó, lo que considera un “atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia”.

En cuanto al posible alineamiento de la medida con los compromisos adquiridos por España en el marco europeo sobre inmigración, la dirigente popular negó que el plan representara la voluntad de la Unión Europea en dicho ámbito. “Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir”, sentenció Ezcurra, según consignó Europa Press. Las declaraciones del PP se producen en un contexto en el que se debate la sostenibilidad de los servicios esenciales ante la potencial llegada masiva de nuevos usuarios, tema que el partido identifica como una carga para los presupuestos autonómicos y locales, puesto que estos recursos no han sido incluidos en la previsión del real decreto, de acuerdo con el medio.

El debate también abarca la incertidumbre sobre los impactos reales en el acceso a la sanidad, la educación, los servicios de empleo y las prestaciones sociales, en la medida en que el proceso facilite la escolarización, el uso del sistema sanitario público o la demanda de ayudas y subsidios. El PP remarcó ante Europa Press que los municipios y regiones desconocían el alcance y las condiciones del proceso, lo que dificulta cualquier planificación para absorber la posible presión sobre los servicios públicos. La formación concluyó que la política migratoria debe regirse por criterios de legalidad y control, frente a una regularización que, según sus argumentos, carece de garantías y previsión presupuestaria.