Valladolid, 12 feb (EFE).- El fiscal ha mantenido este jueves la petición de tres años y medio de prisión para un guardia civil por un delito de revelación de secretos, supuestamente cometido cuando consultó, varias veces, una base de datos policial de manera indebida con información sobre su inquilino y un tío del arrendatario.
La vista oral, en la que la defensa ha reclamado la absolución, se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos entre 2021 y 2023.
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Las acusaciones del fiscal se centran en que el procesado, prevaliéndose de su condición de guardia civil, sin que mediara causa legal por delito y a sabiendas de que carecía de la correspondiente autorización, consultó datos del inquilino de una vivienda de su propiedad y de su tío, que actuó como avalista del arrendatario, en el fichero INTPOL.
El encausado, de 40 años, que se ha declarado inocente, ha asegurado que sí contó con autorización de ambos para consultar sus datos y que se la dieron para que constatara que eran personas de fiar al alquilar la vivienda.
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Ha sostenido que obtuvo ese consentimiento cuando firmó un contrato de arras previo al del arrendamiento en el que ponía su profesión de guardia civil, por lo que le manifestaron que podía mirar que no tenían antecedentes, que eran "gente de fiar" y que iban a pagar las mensualidades.
Antes del inicio del juicio, el fiscal ha solicitado la suspensión debido a que no había sido posible localizar al inquilino, que fue quien presentó la denuncia contra el acusado, una opción que ha rechazado el tribunal al considerar que no se había podido localizar al denunciante tampoco en instrucción y sí podía testificar el avalista.
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El tío del denunciante ha expuesto en su declaración que se ofreció como avalista de su sobrino y que no pensó que iba a dejar de pagar el alquiler - al principio sí abono las mensualidades pero luego o dejó de pagarlas o lo hizo solo parcialmente -.
Ha mantenido que sí dijo al encausado que podía consultar datos de los dos - de su sobrino y suyos - y ha manifestado que, cuando el inquilino dejó de pagar y además dijo que iba a denunciar al guardia civil, discutió con él y ya no tuvieron más contacto.
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El fiscal ha remarcado que el acusado accedió a una base que contiene datos reservados, sensibles y protegidos, y demanda también 7.200 euros de multa - veinticuatro meses a diez euros diarios - e inhabilitación absoluta para el ejercicio de su cargo por un periodo de nueve años
La defensa ha argumentado que el guardia civil sí tenía la autorización del inquilino y de su tío para mirar sus datos y ha dicho que el denunciante no acudió a ratificar la denuncia, ni a declarar en instrucción, ni en el juicio, por lo que no se debe "primar a quien tira la piedra y esconde la mano". EFE
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