La justicia suspende la orden de la alcaldesa de Cartes (Cantabria) de paralizar el centro de acogida de menores

La jueza de la plaza número 2 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha concedido al Ayuntamiento de Cartes un plazo de tres días para presentar argumentos respecto a la suspensión urgente, solicitada por el Gobierno de Cantabria, de la orden municipal que paralizaba el funcionamiento del centro de acogida de menores migrantes en ese municipio. Según informó El País, la magistrada resolvió de forma provisional aceptar la medida cautelarísima pedida por el Ejecutivo regional, de modo que se frena temporalmente la ejecución de la resolución de la alcaldesa Lorena Cueto, quien pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El Gobierno de Cantabria, encabezado por el Partido Popular (PP), recurrió el pasado miércoles por la tarde la decisión del Ayuntamiento de Cartes que pretendía detener, de inmediato, la actividad del centro de acogida. De acuerdo con la información publicada por El País, el recurso contencioso-administrativo fue acompañado de una solicitud de suspensión cautelar, considerada por la jueza sin esperar a las alegaciones del consistorio, invocando la urgencia del caso.

La resolución emanada de la Alcaldía de Cartes tenía como objetivo iniciar trámites administrativos para restaurar lo que consideraba la legalidad urbanística respecto al inmueble adquirido por el Gobierno de Cantabria para el centro de acogida, así como requerir al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) el cese inmediato de la actividad en el recinto. El País detalló que estas acciones del Ejecutivo local pretendían impedir el desarrollo de la función del centro de emergencia destinado a menores migrantes, argumentando presuntas irregularidades urbanísticas.

La jueza justificó en el auto que, al evaluar el caso, el factor determinante fue el efecto inmediato que tendría la paralización del centro sobre la prestación de asistencia social en el municipio. Según consignó El País, el auto subraya que la suspensión urgente resulta adecuada en casos donde la inmediatez de la medida podría causar perjuicios difíciles de revertir mientras el recurso principal se resuelve.

La decisión judicial, calificada como cautelarísima, señala que se dicta "in audita parte", es decir, sin escuchar inicialmente al Ayuntamiento, debido a la urgencia implicada en la paralización de un recurso de emergencia para menores. La magistrada aclaró que la medida busca mantener el estatus jurídico del centro hasta que el consistorio presente sus argumentos y el juzgado pueda valorar si confirma, modifica o levanta la suspensión.

En el auto, al que accedió El País, la magistrada enfatizó que su resolución no aborda el fondo de la disputa entre las autoridades regionales y locales sobre la conformidad legal de la actuación municipal, sino que responde a la necesidad de evitar que el procedimiento administrativo dilate la posible reanudación de la actividad en el centro. Añadió que “la adopción de esta medida cautelar in audita parte mantiene la situación jurídica del centro durante el corto y breve periodo de alegaciones que se concederá a la parte demandada y hasta su resolución”.

El medio El País informó que la suspensión, de carácter provisional, permanecerá vigente sólo durante el periodo en que el Ayuntamiento presente sus alegaciones. Esta etapa procesal servirá al Tribunal para determinar si la paralización dictada tiene justificación legal suficiente o si debe confirmarse la continuidad del centro de acogida mientras el caso se dirime en los tribunales.

La controversia entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Cartes surge en el contexto de la adquisición de un inmueble por parte del primero para instalar un centro de acogida de emergencia destinado a menores migrantes. El Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Cueto, respondía con argumentos de legalidad urbanística y solicitó la paralización inmediata de las actividades del centro y la apertura de expedientes administrativos. Según publicó El País, la alcaldía alegó que la apertura del centro no cumplía con los requisitos urbanísticos vigentes en el municipio, motivo por el cual inició los trámites para restaurar la legalidad en la obra.

El Gobierno cántabro, por su parte, recurrió rápidamente la decisión municipal, argumentando que la paralización del recurso social supondría un daño inmediato para la atención de menores migrantes, situación que motivó la petición urgente de suspensión cautelarísima. El medio El País reportó que la respuesta judicial se produjo al día siguiente, expresando la urgencia de evitar afectaciones irreparables a la función social del centro hasta que se decida sobre el fondo del asunto.

El desarrollo del caso continúa supeditado a la presentación de alegaciones por parte del Ayuntamiento de Cartes, que dispondrá de tres días para defender su postura ante el Tribunal de Instancia. La magistrada precisó que la medida provisional adoptada busca únicamente impedir que la competencia administrativa en materia de recursos sociales quede neutralizada por la disputa jurídica, garantizando la tutela judicial efectiva y el mantenimiento de los servicios mientras se resuelve el conflicto legal, de acuerdo con los datos consignados por El País.