
Elisa Mouliaá explicó a través de sus redes sociales que decidió retirar la denuncia por presunto abuso sexual contra Íñigo Errejón, exdiputado y antiguo compañero de partido de Rita Maestre. Según detalló Europa Press, la actriz indicó que su decisión no constituye una retractación sino un límite personal, dado que ninguna otra persona se sumó a su acusación y ella se sentía sola sosteniendo el proceso. Mouliaá sostuvo: “No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila”. Añadió también que se aparta demostrando que no busca ni dinero ni protagonismo.
Tras conocerse esta retirada, la coportavoz de Más Madrid y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, abordó el tema en una entrevista difundida por Europa Press. Maestre sostuvo que, más allá de las resoluciones judiciales, existe un plano de responsabilidades políticas en casos que afectan a figuras públicas. “Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales”, afirmó. Maestre enfatizó su respeto hacia las mujeres que alzan la voz y hacia los testimonios y denuncias, subrayando que el sistema judicial puede o no resolver este tipo de procesos, pero que la coherencia y la responsabilidad en el ámbito político deben analizarse aparte.
Europa Press informó que Maestre hizo hincapié en el caso específico de Errejón, señalando que el conflicto entre la función institucional y los hechos relatados tenía que ver con diferencias en términos de coherencia política más que con aspectos jurídicos. Según declaró, Más Madrid exigió desde el inicio la dimisión de Errejón, actuando así en consecuencia con esos principios y prioridades del partido, algo que finalmente ocurrió. Maestre subrayó la separación entre las consecuencias que deben afrontarse públicamente en el ámbito político y las resultantes de los procedimientos judiciales, resaltando la necesidad de mantener posturas coherentes más allá de los fallos legales.
Mouliaá había pedido inicialmente que Errejón recibiera una condena de tres años de prisión y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, alegando hechos que databan de octubre de 2021. De acuerdo con la información aportada por Europa Press, la Fiscalía de Madrid intervino solicitando al juez instructor, Adolfo Carretero, el archivo de la causa, debido a que consideró insuficientes los indicios delictivos como para mantener la acusación formal contra Errejón. Carretero había procesado previamente al exdiputado, pero la posición del ministerio público influyó decisivamente en la evolución del proceso.
En su mensaje, Mouliaá también aclaró que, al no encontrar respaldo en otras posibles víctimas o testigos, enfrentó sola la presión de sostener la denuncia en el ámbito judicial y mediático. Refirió que, dada la naturaleza pública del procedimiento, las investigaciones podrían continuar si la justicia lo estima pertinente, pero que su implicación personal concluía en ese punto. Relató su determinación de retirarse con tranquilidad, afirmando que su motivación no pasaba por obtener rédito económico o visibilidad personal, sino por hacer que, según sus palabras, “la verdad ya camina sola”.
Rita Maestre insistió en que las agrupaciones políticas deben mantener principios claros respecto a la asunción de responsabilidades públicas cuando surgen acusaciones de este tipo, poniendo el acento en la importancia de la coherencia interna. Según recogió Europa Press, la dirigente reafirmó que hechos como el que originó la denuncia de Mouliaá impulsaron a Más Madrid a marcar distancia institucional respecto a Errejón, adoptando medidas inmediatas una vez conocida la acusación inicial.
La petición de archivo por parte de la Fiscalía de Madrid y la decisión final de la denunciante marcan el cierre temporal del proceso judicial contra Íñigo Errejón, aunque la repercusión política y mediática permanece abierta. Europa Press consignó que la actuación tanto de la denunciante como del partido afectado evidencia que los casos de presunta violencia o abuso en el contexto político pueden derivar en consecuencias formales —como la dimisión— aun cuando no se constate responsabilidad penal.
A lo largo de las declaraciones a Europa Press, Rita Maestre mostró apoyo a las voces de mujeres que deciden denunciar, recalcando que la atención pública y la posición de las organizaciones políticas no deben depender únicamente de la conclusión judicial, sino también de la integridad y transparencia en la defensa de sus valores y prácticas. Esta posición, según publicó el medio, representa una postura interna de Más Madrid desde el comienzo del caso, orientada a la acción inmediata frente a situaciones que involucren a miembros de la formación.
La información difundida por Europa Press muestra que la combinación de la presión sobre la denunciante y la respuesta institucional traza los límites de actuación política en situaciones delicadas y que la evolución del caso de Íñigo Errejón constituye un ejemplo de la interacción entre los ámbitos jurisdiccional, público y partidario, en la que la coherencia y la asunción de consecuencias encuentra apertura incluso al margen de los fallos judiciales.
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