
Durante el acto de entrega de despachos a los 121 nuevos integrantes de la 74 promoción de la Carrera Judicial, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, insistió en la necesidad de implementar reformas estructurales y solicitar mayor financiación tras reiterar la escasez de personal en la judicatura española. Según informó el medio, la media de jueces por cada 100.000 habitantes se sitúa en España en 11, número que se encuentra sensiblemente por debajo de los 17 jueces por cada 100.000 habitantes de media europea. Esta diferencia, expuso Perelló, repercute en la saturación y ralentización de los tribunales, generando retrasos en la respuesta judicial cuya magnitud, a veces, resulta imposible de gestionar.
De acuerdo con lo publicado, la presidenta del Tribunal Supremo remarcó que el reciente proyecto para crear nuevas plazas judiciales representa un avance, aunque calificó esta acción como insuficiente. Advirtió que, a pesar de la asignación de más oficinas o despachos, el aumento real de jueces no se produce, por lo que el incremento de vacantes persistirá acompañado de un deterioro en los tiempos de resolución de los casos judiciales. Según Perelló, este panorama pone de relieve que el desafío al que se enfrenta la Justicia española es tanto cuantitativo como estructural.
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El medio detalló que Perelló solicitó una convocatoria con urgencia de procesos selectivos para cubrir las crecientes vacantes existentes en la judicatura. En sus palabras, "la previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos, es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día". A juicio de la presidenta, el Poder Judicial carece no solo de competencias directas para incrementar su personal, sino también de los recursos presupuestarios necesarios para dotar adecuadamente a los jueces y magistrados existentes, lo que agudiza más el problema de fondo.
Según publicó el medio, Perelló reclamó una planificación realista junto a una dotación de recursos económicos y humanos, así como una cooperación institucional efectiva. Además, se refirió expresamente a los retos derivados de la aprobación de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial y a la creación de los Tribunales de Instancia. El órgano de gobierno de los jueces, según informó la presidenta, expresó inquietud acerca de los efectos de la implementación de estas medidas legales sobre la operatividad del sistema judicial. Perelló subrayó que tanto los jueces como los magistrados muestran su interés en la modernización de la oficina judicial y en la mejora de su eficacia, aunque enfatizó que estas transformaciones deben desarrollarse bajo condiciones de orden, organización y plazos adecuados, contando con el criterio de los profesionales de la Justicia.
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La presidenta del Tribunal Supremo profundizó al manifestar que la fuerza y autonomía del Poder Judicial no dependen únicamente de la estructura institucional, sino también de la conducta responsable y diaria de cada juez. Instó a los nuevos miembros de la carrera judicial a ejercer sus funciones "con independencia, con imparcialidad y con neutralidad", recordando la responsabilidad inherente al cargo y la importancia del ejercicio ético y autónomo en sus resoluciones.
El acto, que se celebró en Barcelona y contó con la presencia del Rey Felipe VI y del director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, sirvió además como escenario para que Perelló ofreciera sus condolencias por los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en Gelida (Barcelona) y Adamuz (Córdoba). Según consignó el medio, la presidenta expresó su solidaridad, en nombre de todos los integrantes del Poder Judicial, hacia los familiares y víctimas, y reconoció públicamente la dedicación y vocación de los profesionales que han intervenido en estas circunstancias, destacando el papel esencial de los trabajadores del sistema de Justicia en situaciones de crisis.
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La intervención de Isabel Perelló durante la ceremonia en la que se incorporaron los nuevos jueces evidenció la preocupación institucional sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia, a la vez que puso sobre la mesa la necesidad urgente de reformas estructurales acompañadas de la asignación presupuestaria correspondiente para garantizar una respuesta judicial más ágil y eficaz, conforme lo requerirá la evolución de la demanda social y procesal en el país.
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