
Durante el acto inaugural de una jornada sobre la situación de los funcionarios de prisiones, organizado por el Grupo Popular en la Cámara Baja, representantes sindicales señalaron la ausencia de recursos humanos, materiales y legales en los centros penitenciarios españoles como un problema persistente. Según informó Europa Press, los portavoces sindicales subrayaron que la actual normativa, marcada por el Reglamento de 1981, no responde a las necesidades presentes y resaltaron la urgencia de actualizar marcos legales y operativos ante el incremento de agresiones registradas en el sector penitenciario, una situación que consideran agrava las condiciones laborales.
El medio Europa Press detalló que Ana Vázquez, portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso, arremetió contra el PSOE señalando que ha solicitado hasta ahora 41 prórrogas para demorar la tramitación en la Cámara de dos propuestas legislativas que pretenden reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Vázquez sostuvo que la principal resistencia por parte de los socialistas se relaciona con una falta de "voluntad política" y recalcó que la reforma no supone un gasto económico adicional, sino únicamente la disposición a ponerla en marcha.
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De acuerdo con Europa Press, Vázquez recordó que este colectivo fue objetivo de la organización terrorista ETA y advirtió sobre el incremento de episodios violentos contra trabajadores dentro de las cárceles. Presentó como muestra el caso del asesinato de la cocinera Nuria López, ocurrido en la cárcel de Tarragona en marzo de 2024, cuando un interno le arrebató la vida en la cocina del centro. "El Congreso os tiene que escuchar y vuestras reivindicaciones merecen ser atendidas", afirmó la diputada del PP, quien manifestó su esperanza de que la próxima semana el PSOE pueda desbloquear el avance de la ley.
Durante el evento, miembros del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar hicieron hincapié en la necesidad de considerar la suya una "profesión de riesgo" y aprobar cambios legales que garanticen la seguridad de los trabajadores penitenciarios. Denunciaron la obsolescencia del reglamento vigente y reclamaron una dotación adecuada tanto en materia de personal como de equipamiento. Según reportó Europa Press, los portavoces sindicales sostuvieron que la falta de medios incrementa la vulnerabilidad de los empleados ante incidentes como los que se han venido reportando en los últimos meses.
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El colectivo sindical también expuso, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que en Cataluña –donde la administración autonómica gestiona la competencia penitenciaria– los trabajadores de las prisiones ya tienen la consideración de agentes de la autoridad, algo que, según subrayan, ha permitido establecer mayores garantías legales y mejores condiciones para desempeñar sus funciones. En contraste, insistieron, la ausencia de este estatus en otras comunidades sigue dejando a los empleados estatales en una situación de indefensión ante las agresiones.
Europa Press consignó que entre las principales demandas de los sindicatos destacan la actualización de la normativa penitenciaria, la provisión de recursos adecuados en todos los centros y el reconocimiento legal de su trabajo como labor de riesgo; medidas que, sostienen, permitirían reducir la siniestralidad laboral y dotar de mayor respaldo institucional a quienes desarrollan estas tareas.
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Los representantes de los funcionarios solicitaron la pronta tramitación de las iniciativas legales en el Congreso, alegando que la demora propicia nuevos episodios violentos y previsibles situaciones de inseguridad, tanto para el personal como para el resto de la población penitenciaria. Según publicó Europa Press, señalaron que el estancamiento en la reforma legal resulta especialmente preocupante ante el aumento de los ataques dentro de los centros en los últimos meses.
En su intervención, Vázquez insistió en que el problema no tiene una naturaleza económica sino política, y reiteró su acusación de "bloqueo" por parte del PSOE. La dirigente popular subrayó que los funcionarios de prisiones desarrollan tareas especialmente complejas y demandó que la Cámara Baja atienda de forma prioritaria las peticiones del sector, cuya situación, según recordó, ha sido objeto de denuncias reiteradas tanto por asociaciones profesionales como por sindicatos representativos.
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A lo largo de la jornada se planteó también la necesidad de introducir reformas en el sistema penitenciario que permitan una modernización efectiva, superando lo que describen como limitaciones derivadas de normativas desfasadas. Europa Press informó que el colectivo considera que la falta de medidas de protección y la inseguridad creciente constituyen factores clave en la reivindicación de sus derechos laborales y en la urgencia de avanzar hacia la aprobación de su reconocimiento legal como agentes de la autoridad.
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