Petro dice que suspensión de emergencia económica beneficiará a "megarricos" de Colombia

El magistrado ponente Carlos Camargo advirtió que la medida gubernamental podría acarrear “daños irreparables” para el país, una de las razones por las que la Corte Constitucional de Colombia decidió suspender de forma provisional el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Según informó EFECOM, este fallo implica la congelación inmediata del Decreto 1390 de 2025, hasta que se dicte una decisión de fondo respecto a su constitucionalidad.

El presidente Gustavo Petro manifestó a través de sus redes sociales que la suspensión temporal del decreto, que contemplaba un aumento significativo en los impuestos para lograr cubrir el presupuesto nacional de 2026, traerá consecuencias, señalando que la medida termina por proteger los intereses de los ciudadanos con mayores recursos. Tal como publicó EFECOM, Petro aseguró: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”. Añadió, además, que el Congreso que será elegido el 8 de marzo se verá forzado a asumir la responsabilidad por este asunto.

El proceso comenzó el 22 de diciembre, cuando el Gobierno declaró la emergencia económica y social con una vigencia de treinta días. Posteriormente, la administración Petro emitió una serie de decretos que incluían modificaciones a diferentes tributos, entre ellos el impuesto al patrimonio, para captar recursos adicionales y ajustar las cuentas de cara a las exigencias presupuestarias de 2026. Según detalló EFECOM, el tributo al patrimonio afecta actualmente a quienes poseen una fortuna superior a 3.600 millones de pesos (alrededor de 986.000 dólares), con tarifas que varían entre el 0,5 y el 2%. Sin embargo, bajo el decreto suspendido, el umbral habría bajado a los 2.000 millones de pesos (unos 548.000 dólares), con un gravamen progresivo de hasta el 5% para patrimonios por encima de 100.000 millones de pesos (aproximadamente 27,4 millones de dólares).

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también criticó la suspensión del decreto, afirmando que la decisión beneficia a los sectores más acaudalados. Según sus declaraciones reproducidas por EFECOM, Benedetti afirmó: “Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen (...) No hay derecho para que esto haya pasado”.

La administración de Petro justificó la declaratoria de emergencia económica por la negativa del Congreso a aprobar un proyecto de reforma tributaria previo, con el cual el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.465 millones de dólares). Tras el bloqueo legislativo, el Gobierno optó por establecer de forma directa nuevas cargas impositivas. Estas disposiciones incluyeron una subida del impuesto de renta para las personas jurídicas que operan en el sector financiero, elevando la sobretasa actual del 5% al 15%, y un ajuste del impuesto al valor agregado (IVA) para bebidas alcohólicas –con excepción de la cerveza–, que pasó del 5% al 19% con el decreto ahora suspendido.

Diversos actores económicos manifestaron posiciones encontradas frente a la decisión del alto tribunal. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, apoyó el pronunciamiento de la Corte Constitucional, afirmando, según reportó EFECOM, que este paso era fundamental para evitar posibles efectos negativos de gran magnitud “sobre una gran cantidad de agentes económicos”.

Mientras la Corte mantiene suspendido provisionalmente el decreto y evalúa su constitucionalidad, el Ejecutivo queda impedido de aplicar las nuevas medidas tributarias que formaban parte central de su estrategia para garantizar la viabilidad presupuestaria. El contexto político se complica con la proximidad de nuevas elecciones legislativas y la presión por definir una alternativa de financiamiento estatal, en medio de un debate que enfrenta a los promotores de reformas fiscales con los sectores críticos preocupados por su alcance y repercusiones económicas.

La discusión sobre las medidas fiscales implementadas tras la declaratoria de la emergencia se mantendrá en el centro de la agenda pública colombiana, a la espera de la decisión definitiva de la Corte Constitucional y del rumbo que tome el Ejecutivo para solventar el déficit fiscal proyectado para el próximo ciclo presupuestario. El futuro de la iniciativa gubernamental y los posibles escenarios económicos seguirán atados a la resolución judicial y a los debates que ocurran en el plano legislativo.