
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, expresó la magnitud del gasto que representa la tutela de 4.700 menores extranjeros no acompañados en el archipiélago, cifra que, según detalló, implica cerca de 200 millones de euros anuales para la administración autonómica. Según consignó Europa Press, Domínguez destacó que mil de estos menores tendrían que haber sido trasladados a otras comunidades autónomas conforme a una sentencia del Tribunal Supremo, que reconoció su derecho a asilo y estableció un plazo de quince días para su reubicación, aunque sólo una pequeña parte se encuentra actualmente en la península.
En declaraciones recogidas por Europa Press en la entrevista concedida a ‘Herrera en Cope’, Domínguez expresó su frustración por lo que consideró una falta de respuesta efectiva del Gobierno central ante la situación de los menores extranjeros tutelados en Canarias. Señaló que la gestión estatal no cumple con la derivación de los menores, responsabilidad que, conforme a sus palabras, debería recaer en otras comunidades conforme a la normativa aplicable. Según explicó, para Canarias la cifra de menores bajo tutela constituye un desafío de gran envergadura para los ya limitados recursos del archipiélago.
Domínguez también manifestó su descontento hacia el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Víctor Ángel Torres, al que acusa de anteponer las directrices del Ejecutivo central a las necesidades específicas de Canarias. Según el vicepresidente canario, Torres, quien antes ocupó la presidencia del gobierno autonómico, "solamente va a defender la posición que le dictan desde el gobierno central, sea bueno o malo para su tierra", detalló Europa Press.
Durante la entrevista, Domínguez calificó la actuación de Torres como una "decepción", argumentando que el ministro se ha centrado en cumplir "su sueño personal" de ocupar una cartera ministerial, en lugar de priorizar las demandas y preocupaciones de su comunidad autónoma de origen. Domínguez acusó al ministro de mostrar “pleitesía absoluta” hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que, según sus palabras, ha implicado la postergación de los asuntos canarios en la agenda estatal.
Además de abordar la problemática de los menores extranjeros no acompañados, el vicepresidente canario criticó el nuevo modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno central. Domínguez sostuvo que la propuesta desatiende las necesidades canarias y responde a los compromisos del Gobierno de Sánchez con sectores independentistas del país, lo que, en su opinión, limita la capacidad financiera de Canarias para hacer frente a sus propias prioridades.
El dirigente autonómico expuso que el Ejecutivo regional ha debido asumir, tras la erupción volcánica en La Palma de 2021, la responsabilidad de gestionar los cien millones de euros de ayudas a afectados, dado que, según indicó, el Estado no efectuó estas aportaciones. Europa Press reflejó estas declaraciones subrayando que Domínguez atribuye a la administración canaria una mayor carga financiera debido a la ausencia de respuesta estatal en este ámbito.
En relación con la situación de los centros de atención a inmigrantes irregulares en Canarias, Domínguez reiteró que su comunidad sigue afrontando en solitario la gestión de miles de menores extranjeros e insistió en que la falta de traslados a otras comunidades autónomas amplifica las dificultades de integración y cuidado en el archipiélago.
Sobre el impacto del turismo en la economía local, el vicepresidente del Gobierno regional resaltó que este sector constituye el 36% del Producto Interior Bruto de Canarias y que, a pesar de haber experimentado “un momento delicado" tras las críticas de algunos residentes, continúa formando la base esencial de la actividad económica. Según publicó Europa Press, Domínguez considera fundamental avanzar hacia un turismo de mayor calidad que incremente los ingresos generados, que en 2025 alcanzaron los 23.000 millones de euros, y fomentar al mismo tiempo la diversificación industrial y comercial, para reducir la dependencia exclusiva del sector turístico en el archipiélago.
El consejero canario concluyó sus consideraciones apelando al ejecutivo central a asumir una mayor corresponsabilidad en la gestión migratoria y financiera de Canarias, reforzando no sólo la derivación de menores a otras comunidades, sino también la participación estatal en los retos sociales y económicos que enfrenta la región. En cada uno de estos ámbitos, las declaraciones recogidas por Europa Press subrayan la insistencia del gobierno autonómico en reclamar una actuación urgente y concreta por parte de la administración estatal.
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