Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Representantes de pensionistas, sindicatos de inquilinos y plataformas vecinales confirmaron un calendario de movilizaciones que comenzará con una manifestación el 30 de enero frente a la sede central del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid. La decisión llega como respuesta directa al rechazo, en el Pleno del Congreso, del decreto que prorrogaba el denominado “escudo social” y la moratoria antidesahucios, según consignó el medio. De acuerdo con la información difundida, los colectivos responsabilizan a la dirección del PP, junto a los diputados de Vox y Junts, de haber bloqueado estas medidas consideradas esenciales para la protección de sectores vulnerables.

Tal como informó el medio, el decreto presentado por el Gobierno incluía la revalorización de las pensiones, así como la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos como agua y electricidad para personas en situación de vulnerabilidad. La negativa provocó la concentración este miércoles de integrantes de la plataforma “#NiUnDesahucioMás” a las puertas del Congreso, quienes expresaron su rechazo al desenlace de la votación con consignas dirigidas tanto al Gobierno como a la oposición.

Los manifestantes, de acuerdo con la información publicada, corearon mensajes relacionados con los problemas derivados del alto coste del alquiler, reflejando la presión económica que sufren muchas familias. Entre las proclamas destacó “no llego a fin de mes, por pagar el alquiler” y “el próximo desahucio, que sea en la Zarzuela”, señalando la percepción de desprotección tras la no aprobación de la prórroga del escudo social.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, recordó en declaraciones recogidas que, a su juicio, el Parlamento actúa como “Parlamento rentista” y toma partido a favor de los intereses inmobiliarios y la especulación, en detrimento de las necesidades ciudadanas. Añadió que la eliminación de la moratoria supone un retroceso y reclamó la implementación de medidas concretas como la prórroga obligatoria de los alquileres, planteando además la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para poner freno a lo que calificó como una “estafa” en los alquileres de temporada.

Según detalló el medio, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos expresó su desacuerdo con la postura del Estado, advirtiendo que resulta “inaceptable” dedicar fondos a otras áreas antes que asegurar condiciones dignas para las familias. Villalobos remarcó que, desde su perspectiva, la vivienda es un derecho fundamental y no debería considerarse un negocio.

Por parte de los pensionistas, Pablo Vizuete intervino en la protesta para alertar sobre las consecuencias directas de la decisión parlamentaria. Señaló que el revés al decreto constituyó, a su juicio, un “ataque frontal” a las personas mayores con pensiones bajas, poniendo en peligro ayudas esenciales como el bono social térmico. “¿Qué quieren? ¿Que se muera la gente de frío en su casa?”, preguntó Vizuete, enfatizando el riesgo de desamparo durante el invierno para quienes más dependen de estas prestaciones, según retrató el medio.

La suma de las reivindicaciones junto a la convocatoria de protestas refleja la convergencia de demandas relacionadas con la vivienda, las pensiones y los suministros básicos. Los portavoces de las asociaciones han orientado sus principales críticas hacia los grupos parlamentarios que votaron en contra del decreto, considerando que el rechazo agrava una situación de emergencia social existente en diversos hogares. Así, según la información, las acciones previstas buscan visibilizar la exigencia de restablecer y ampliar un conjunto de garantías para inquilinos, familias y pensionistas ante escenarios económicos adversos.

Además, las demandas incluyen la recuperación inmediata de la prohibición de desahucios y cortes de servicios básicos, señalando que la suspensión de estas medidas deja en una situación de desprotección a miles de personas. La próxima manifestación frente a la sede del PP, anunciada como la primera de varias, apunta a presionar a la dirección del partido y a los responsables políticos para revertir el bloqueo de las ayudas sociales rechazadas, según informó el medio.

Los colectivos implicados confirmaron su disposición a continuar con las protestas y a mantener la presión en la agenda pública, con el fin de lograr la reinstauración del escudo social y la implementación de políticas que consideren los derechos sociales prioritarios dentro de la toma de decisiones parlamentarias.