Abogacía valenciana trasladó la tarde de la dana que la ley permitía el confinamiento y no hacía falta informe

Durante la tarde del 29 de octubre de 2024, en el contexto de la emergencia causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) que afectó gravemente a la provincia de Valencia y provocó 230 víctimas mortales, miembros de la Abogacía de la Generalitat Valenciana mantuvieron conversaciones con altos cargos del gobierno autonómico sobre la posibilidad de decretar el confinamiento de la población ante la amenaza de la presa de Forata. Según informó el medio, al menos dos abogados de la Generalitat declararon este martes como testigos ante la jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la catástrofe, aclarando que la normativa vigente permitía restricciones a la movilidad y que no era necesario elaborar informes escritos al respecto.

De acuerdo con lo publicado, uno de los letrados de la Abogacía de la Generalitat transmitió, en la tarde de la emergencia, que tanto las normativas de protección civil a nivel estatal como autonómico habilitaban la posibilidad de ordenar confinamientos o evacuaciones forzosas en situaciones de peligro similar a los incendios forestales. Este testimonio coincide con los hechos investigados y los cuestionamientos en torno a la actuación de los entonces responsables de la Conselleria de Justicia e Interior, incluida la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso, ambos imputados en la causa.

Durante su comparecencia, el abogado detalló que, tras mantener una conversación con Ricardo García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, posteriormente a las 20:00 horas del 29 de octubre, se le pidió que estudiara la viabilidad de ordenar un confinamiento de la población. La petición se originó como parte de las consultas internas del gobierno ante la amenaza que representaba la situación de la presa de Forata. El letrado explicó ante la jueza que, poco después, en torno a las 20:45 horas, comunicó verbalmente a su directora general que no se necesitaba la elaboración de informes escritos ante la urgencia y que la prioridad era la protección del mayor número de vidas posibles.

Tal como reportó la fuente, esta comunicación solo tuvo carácter verbal y no existió un dictamen formal al respecto. El abogado precisó durante el interrogatorio que desconocía la razón específica por la que Ricardo García le planteó el posible confinamiento, señalando que le daba la impresión de que se trataba de una preparación ante una potencial pregunta de sus superiores, y añadió que no supo cómo García había obtenido la información sobre la viabilidad legal de los confinamientos.

En las preguntas formuladas por la magistrada, el abogado señaló que no había concretado con quiénes de la administración surgió la consulta inicial y negó haber conversado en ningún momento con José Manuel Cuenca, quien era jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Coincidiendo con estos testimonios, según consignó el medio, Cuenca había dirigido un mensaje a Salomé Pradas esa misma tarde en el que escribía: “Salo, de confinar nada”, un texto cuya motivación o relación con posibles consultas legales no fue confirmada ante el juzgado.

En el avance de las diligencias, compareció también otro abogado principal de la Generalitat, quien aportó detalles complementarios. Según su declaración recogida por el medio, alrededor de las 19:45 horas del mismo día, mantuvo una conversación breve con Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, en la que se le advirtió del riesgo potencial de rotura de la presa de Forata y de la opción de decretar un confinamiento poblacional. El testigo explicó que interpretó esa llamada más como una notificación de posible escenario que como una solicitud de asesoría formal.

A lo largo de ese intervalo temporal, según relató ese mismo abogado ante la instructora judicial, no recibió ninguna llamada directa de la exconsellera Pradas. Añadió que, cerca de las 20:30 horas, mantuvo una segunda conversación con Cayetano García, en la que le comunicaron que abandonara las consideraciones sobre el confinamiento, por lo que dejó de analizar el asunto de forma inmediata.

Conforme a lo que relató la fuente original, el procedimiento judicial prosigue con la declaración de testigos y la revisión de las actuaciones institucionales durante la catástrofe, centrando la atención en las decisiones políticas y técnicas tomadas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en el contexto de la emergencia y la interpretación de la normativa vigente por parte de los órganos responsables.