El juicio contra el acusado de matar a su expareja en Cieza y tirar su cuerpo a un pozo arranca este lunes

El procesado afronta cargos de asesinato con agravantes por razones de violencia de género y parentesco, quebrantamiento de condena e integridad moral, tras permanecer en prisión provisional desde que, en septiembre de 2022, se le atribuyó el homicidio de su expareja en Cieza, Murcia. La selección de los miembros del jurado marca el inicio de la vista pública, que contará con once sesiones programadas, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Según detalló Europa Press, los hechos que motivan el juicio se remontan a la relación sentimental mantenida por el procesado y la víctima, interrumpida en septiembre de 2019 después de que la mujer, de 35 años al momento del crimen, presentara una denuncia por malos tratos. A raíz de esa denuncia, un juez dictó una orden que prohibía al individuo acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y le impedía comunicarse con ella por cualquier medio. Estas medidas restrictivas continuaban vigentes en 2022, momento en que, tal como relata el auto judicial al que accedió el citado medio, el acusado viajó desde Almería, localidad donde residía, hasta Cieza, donde vivía la víctima.

En la reconstrucción de los hechos presentada por Europa Press, la investigación sostiene que ambos se citaron aproximadamente a las 20:00 horas en un parque de Cieza y permanecieron juntos al menos una hora. Al día siguiente, en torno a las 9:50 horas, la víctima recibió una llamada telefónica del procesado quien, según recoge la causa, la convenció para encontrarse en una casa abandonada y semiderruida localizada en un descampado del paraje Lavadero de la Fuente en las afueras del municipio.

De acuerdo con lo consignado en el auto y detallado por Europa Press, el acusado habría acudido al lugar “con el propósito de acabar con la vida de la víctima”. Allí la agredió repetidas veces en la cabeza, el rostro, el abdomen y la espalda, produciéndole un traumatismo craneofacial y distintos politraumatismos que resultaron letales. Posteriormente, el hombre se deshizo presuntamente del cuerpo arrojándolo a un pozo de 6,5 metros de profundidad situado en el interior del edificio.

Desde la detención del acusado en los días posteriores a la muerte, el caso se encuentra judicializado. La causa fue asignada a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, que ahora inicia el proceso oral contra el hombre en un caso que pone en el centro el historial de violencia previa y el quebrantamiento de las medidas judiciales de protección.

Europa Press ha informado que la vista oral no solo abordará los hechos del presunto homicidio, sino también evaluará las circunstancias agravantes. La persecución penal incluye delitos relacionados con desobediencia a resoluciones judiciales en materia de protección a la mujer y la presunta vulneración de la integridad moral de la víctima, que según los argumentos fiscales, habrían incrementado la gravedad de los hechos.

La instrucción reveló que el acusado tenía conocimiento de las medidas cautelares impuestas desde 2019, las cuales le prohibían el contacto y el acercamiento. A pesar de ello, organizó el viaje desde otra provincia para encontrarse con la mujer. Las pruebas forenses y testimoniales citadas por Europa Press sugieren que la agresión tuvo lugar después de que el acusado lograra convencer a la víctima de acudir al enclave en cuestión.

Durante las sesiones previstas, el tribunal analizará los elementos materiales recabados en la causa, además de examinar las circunstancias previas que contextualizan la relación entre la víctima y el acusado, las decisiones judiciales derivadas de la denuncia por malos tratos y las acciones posteriores del presunto responsable. El proceso incorporará la evaluación del jurado popular acerca de las pruebas documentales y testificales presentadas por las partes a lo largo de las once audiencias programadas, conforme reportó Europa Press.

A lo largo de la instrucción, los investigadores destacaron la importancia de la orden de alejamiento en vigor, que pretendía salvaguardar la integridad de la víctima tras los hechos denunciados en 2019. En este contexto, la acusación sostiene que el incumplimiento reiterado de esta resolución habría facilitado la comisión del crimen juzgado hoy.

La Audiencia Provincial analizará la petición de condena por asesinato con agravantes, quebrantamiento de condena e integridad moral, aplicando criterios agravantes por violencia de género y parentesco, como exponen los argumentos recogidos por Europa Press. La resolución del tribunal dependerá de la valoración de los hechos presentados durante el juicio oral y el análisis del grado de cumplimiento de las órdenes de protección previas al homicidio.