Policías y guardias civiles respaldan la directiva europea del PP para armonizar edad de jubilación y derechos laborales

Las propuestas para que se reconozca el peligro inherente del trabajo policial han ganado impulso tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, durante una operación contra el narcotráfico en febrero de 2024, lo que llevó a eurodiputados a desplazarse a la zona para estudiar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Este evento desencadenó nuevas acciones en el Parlamento Europeo y centró la atención sobre las demandas de los sindicatos de cuerpos de seguridad españoles, quienes buscan un tratamiento legal uniforme en toda la Unión Europea para cuestiones como jubilación, derechos laborales y protección ante agresiones. Según destacó la agencia Europa Press, una docena de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles manifestaron este miércoles en Bruselas su apoyo a la directiva europea impulsada por el Partido Popular, cuyo objetivo apunta a "armonizar" la edad de jubilación y los derechos laborales de estos colectivos, además de valorar la declaración de la función policial como profesión de riesgo.

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, integrada por organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión de Oficiales, entre otras, ha abogado por la inclusión de policías, militares, funcionarios de instituciones penitenciarias, agentes de aduanas y de fronteras entre las profesiones consideradas de riesgo en la legislación europea. Europa Press reportó que la plataforma argumenta que las profesiones vinculadas a la seguridad deben figurar en esta categoría debido al aumento de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y nuevas formas de amenazas híbridas.

Estas organizaciones insisten en que la calificación de profesión de riesgo debe traer consigo la armonización de la edad de jubilación y de otros derechos laborales a nivel comunitario. Entre sus reclamaciones figura también que las agresiones contra agentes de la autoridad tengan la consideración de "eurodelito", figura jurídica reservada a crímenes de especial gravedad y alcance transfronterizo dentro de la Unión Europea. Según recoge Europa Press, los sindicatos denuncian persistentes desigualdades entre los Estados miembros, lo que se refleja en diferencias de edad de jubilación, condiciones laborales, asistencia médica y acceso a servicios psicológicos para los distintos cuerpos policiales. Asimismo, exponen que en España persiste una brecha entre las condiciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a las policías autonómicas y locales.

En paralelo a la actuación de la plataforma sindical, los colectivos Jupol y Jucil también participaron en Bruselas para respaldar la iniciativa del Partido Popular, poniendo el foco en la necesidad de que el riesgo de estas profesiones sea debidamente reconocido de forma uniforme en los países de la Unión Europea. Según informaciones difundidas por Europa Press, desde Jupol se ha presentado un paquete de once enmiendas técnicas a la directiva europea. Entre ellas, se plantea que el reconocimiento del riesgo profesional implique una compensación económica, sugiriendo la creación de un "Complemento Europeo Mínimo por Riesgo", cuya cuantía oscilaría entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas, y que favorecería a todos los agentes sin distinción.

El debate sobre este asunto ha trascendido el ámbito sindical y ha llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual, tras la visita a Barbate, emitió en noviembre un informe que recomendaba avanzar en el reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesiones de riesgo y proponía analizar la viabilidad de incluir las agresiones a los agentes como "eurodelitos". Europa Press reseñó que este informe representa un paso hacia la consideración comunitaria del trabajo policial como una actividad sometida a altos niveles de amenaza.

Durante un debate celebrado ante la Comisión Europea en septiembre, los representantes del Ejecutivo comunitario expresaron reservas sobre la reforma solicitada, al señalar que el actual marco legal de la UE limita la calificación de eurodelito a delitos especialmente graves y de carácter transfronterizo, como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Estas autoridades consideraron que las agresiones a los cuerpos policiales, según precisó Europa Press, no alcanzan esa cualidad transfronteriza, lo que constituye un obstáculo jurídico relevante para la propuesta sindical.

En el contexto español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció en el Congreso donde manifestó, tal como recogió Europa Press, que el Gobierno está evaluando la aplicación de factores de corrección para facilitar el adelanto en la edad de jubilación a policías nacionales y guardias civiles. No obstante, el titular de Interior precisó que en la legislación española no existe la figura de "profesión de riesgo" de manera formal. A pesar de ello, asociaciones y sindicatos continúan impulsando sus demandas tanto a nivel nacional como europeo, incidiendo en la necesidad de formalizar este reconocimiento legal y endurecer las penas frente a las agresiones contra agentes.

Las reivindicaciones expuestas en Bruselas por los representantes de los cuerpos de seguridad se articulan en torno a la equiparación salarial y el establecimiento de condiciones laborales homogéneas para todos los profesionales de la seguridad pública de la Unión Europea. Las organizaciones sindicales alegan que la falta de reconocimiento del riesgo asociado a la labor policial obstaculiza el acceso a mejores condiciones económicas y de protección a lo largo de la carrera profesional, así como en el momento de la jubilación.

La inclusión de este colectivo en las listas de profesiones de riesgo pondría a estas profesiones al mismo nivel que otras actividades ya reconocidas como peligrosas, permitiendo a sus trabajadores beneficiarse de condiciones laborales y de jubilación ventajosas, además de proporcionar medidas de asistencia médica y psicológica adecuadas al tipo de amenazas y exigencias que enfrentan a diario. Europa Press especificó que las asociaciones persiguen que sean establecidas garantías institucionales similares para todos los cuerpos, suprimiendo así las disparidades tanto en el plano nacional como comunitario.

Entre las acciones inmediatas, las organizaciones sindicales han adelantado que continuarán presionando en instancias europeas y españolas para que sus demandas sean incluidas en los procesos legislativos en curso. El objetivo principal consiste en lograr cambios sustanciales en la normativa que repercutan directamente en el bienestar y en la seguridad jurídica de los agentes, así como en una protección legal más efectiva de los que desempeñan funciones en contextos de máximo riesgo.