Isabel Rodríguez no precisa si apoya la ordinalidad en la financiación de las CCAA: el debate es a qué dedican el dinero

El señalamiento de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, respecto a la utilización de fondos estatales en algunas comunidades autónomas para reforzar la sanidad privada en lugar de la pública ha marcado una nueva fase en el debate sobre el sistema de financiación autonómica. Según informó Europa Press, Rodríguez cuestionó que recursos provenientes de la Administración General del Estado terminen generando beneficios fiscales dirigidos a corporaciones sanitarias privadas o permitan la privatización de servicios esenciales, como la sanidad.

Durante una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez evitó expresar una postura concreta sobre el principio de ordinalidad como eje para distribuir los fondos entre comunidades autónomas, una propuesta defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dicha ordinalidad sostiene que si una comunidad autónoma es la tercera que más aporta al sistema, debería recibir también como tercera en la asignación de recursos, una idea que el dirigente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, expuso tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa en el marco del pacto para la reforma de la financiación autonómica.

La ministra fue consultada hasta en tres ocasiones durante la entrevista sobre si respalda la aplicación del principio de ordinalidad en el reparto del presupuesto autónomico. Rodríguez tampoco definió si coincidiría con las comunidades lideradas por el Partido Socialista, como Castilla-La Mancha y Asturias, que han rechazado este criterio. En cambio, defendió la propuesta de Hacienda como “muy necesaria” por afrontar lo que considera un problema de gran complejidad, aunque sin concretar respaldo explícito al mecanismo de ordinalidad.

Rodríguez insistió en que, en su visión, la cuestión más relevante no radica solamente en cómo se reparte el dinero entre las comunidades, sino más bien en el destino final de esos fondos públicos. En sus palabras, “más allá del debate intelectual o académico”, su principal preocupación como socialista es conocer a qué partidas se han destinado los recursos transferidos a las autonomías. La ministra añadió que, en su experiencia, la mayoría de la ciudadanía no tiene claro el significado de conceptos como la ordinalidad, pero sí reconoce como urgente la necesidad de aumentar las inversiones en sanidad pública, educación pública y vivienda pública.

En referencia directa a la gestión de los recursos, Rodríguez denunció la utilización de fondos autonómicos para la concesión de beneficios fiscales a los sectores más acomodados o para favorecer intereses de grandes corporaciones sanitarias mediante procesos de privatización. Según puntualizó Europa Press, la ministra alertó sobre la inadmisibilidad de que, en un contexto en el que el Gobierno ha incrementado el apoyo financiero en políticas sanitarias y educativas, estos recursos acaben respaldando modelos privados o ventajas fiscales para los más poderosos.

Abordando la propuesta concreta del Ministerio de Hacienda, Rodríguez subrayó que con la cifra de 21.000 millones de euros puesta a disposición de las comunidades, todas las autonomías mejoran o incrementan la financiación recibida respecto a etapas previas. No obstante, evitó definir si, ante el rechazo mayoritario mostrado por la mayoría de las comunidades –incluidas las gobernadas por el Partido Popular, así como Castilla-La Mancha y Asturias, lideradas por el PSOE–, el sistema propuesto debe remitirse de forma inmediata al Parlamento.

La única comunidad que ha respaldado de manera clara el plan de financiación ha sido Cataluña, reportó Europa Press. Ante este panorama, Rodríguez manifestó que la intención del Gobierno es presentar la iniciativa durante la reunión prevista del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde representantes de las comunidades autónomas del régimen común analizarán los nuevos criterios de reparto. La ministra también solicitó al Partido Popular que concrete públicamente su propia alternativa, señalando que hasta la fecha únicamente el Gobierno ha presentado propuestas formales de reforma, detalló Europa Press.

La ministra sostuvo que cualquier acuerdo que se alcance sobre esta materia deberá pasar por el Parlamento, al considerar que la nueva financiación autonómica tiene que reflejar la pluralidad política existente como resultado de la representación parlamentaria. Rodríguez calificó la coyuntura como un “momento trascendental” en el desarrollo del modelo constitucional instaurado tras la democracia, y atribuyó a fuerzas como Vox y el Partido Popular una estrategia orientada a desmantelar el estado del bienestar, recogió Europa Press.

Según la responsable de Vivienda, el propósito fundamental del nuevo marco de financiación debe centrarse en la salvaguarda y fortalecimiento de los servicios públicos básicos en todo el territorio, frente a presiones por la mercantilización o privatización. El debate sobre la distribución de fondos entre comunidades autónomas, alimentado en este último tramo por la divergencia sobre la ordinalidad y la gestión de los recursos, se encuentra a la espera de nuevas definiciones tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.