El jefe de gabinete de Prohens, citado como investigado el 24 de marzo por el caso del chófer de la presidenta balear

El procedimiento judicial que involucra al jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, incorpora como elemento reciente el traslado laboral de dos conductores, incluidos el denunciante y otro trabajador, tras el polémico proceso de selección de un nuevo chófer. Según consignó la Cadena SER y confirmaron fuentes citadas por Europa Press, este hecho se vincula, en la denuncia, con un presunto deterioro en la salud mental del funcionario que elevó la querella, quien afirma presentar desde hace dos años un cuadro ansioso depresivo relacionado directamente con la situación. Sobre este contexto, el principal colaborador de Prohens deberá comparecer como investigado ante el Juzgado de Instrucción número tres de Palma el 24 de marzo, en una causa que explora supuestas anomalías en la elección de un conductor del Govern y que involucra acusaciones de prevaricación administrativa.

El medio Europa Press detalló que la investigación surgió a partir de una acusación concreta: un funcionario del cuerpo de conductores sostiene que el jefe de Gabinete de la presidenta ideó un sistema para modificar, una vez iniciado el proceso, las bases de la selección que definiría qué aspirante sería elegido para la plaza de conductor oficial. Esta acción, según la denuncia, favoreció finalmente a un familiar del propio jefe de Gabinete, presuntamente hijo de un primo suyo, quien figuraba entre los más de 200 candidatos que respondieron a la convocatoria pública. Aunque no resultó el mejor puntuado según los méritos, este familiar obtuvo el puesto luego de modificarse los criterios de selección.

La querella relata que tras el proceso de baremación de los aspirantes y al confirmarse que el citado familiar no encabezaba la lista de méritos, se introdujo un requisito adicional: la presentación de un currículum junto a la demás documentación. Asimismo, se añadió una estipulación que dejaba la selección en manos de la Secretaría General, quien debía determinar al candidato más adecuado, urgiendo un procedimiento de libre designación. Tal como reportó Europa Press, el denunciante interpreta que esta modificación tuvo como objetivo reorientar el proceso para garantizar que el citado familiar recibiera el nombramiento, recurriendo a una instrucción administrativa fechada el 21 de noviembre para establecer los nuevos criterios.

La denuncia agrega que la presunta falta de experiencia y méritos del aspirante elegido se evidenció poco después, cuando este nuevo conductor se vio implicado en un accidente que dejó el vehículo en estado de siniestro total. Tras ese evento y el nombramiento, el funcionario denunciante y otro chofer fueron desplazados de sus funciones en la Presidencia del Govern y pasaron a prestar servicios en la Conselleria de Presidencia, hecho que la querella vincula a un deterioro en la salud mental del afectado.

La cronología profesional del denunciante, descrita en la demanda y recogida por Europa Press, sostiene que cuenta con tres décadas de carrera en la función pública, iniciada tras aprobar unas oposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1992, lo cual le llevó a instalarse en Ibiza y, posteriormente, en Mallorca. Desde 2003, ejercía como conductor de carrera en la Conselleria de Hacienda, y en 2008 pasó a depender directamente del gabinete de Presidencia, donde accedió a distintos servicios de conducción oficial, primero desde el denominado “servicio de incidencias” y luego como chófer al servicio directo de los presidentes autonómicos José Ramón Bauzá y Francina Armengol, hasta su desplazamiento más reciente.

Según consignó Europa Press, el proceso de selección bajo investigación se activó en otoño de 2023, a raíz de la baja médica de uno de los choferes. El denunciante relata que esperaba que el procedimiento se cubriera internamente entre el cuerpo de conductores habituales, pero la sorpresa llegó el 31 de octubre de 2023, cuando el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), tras propuesta de la directora gerente de la EBAP (Escuela Balear de Administración Pública), publicó unas bases para la plaza de conductor mediante una oferta genérica abierta a un amplio espectro de aspirantes.

La querella sostiene que la instrucción aprobada el 21 de noviembre de ese año respondió a intereses particulares, considerando “falaz y tendenciosa” la justificación de los cambios en los criterios de acceso. En palabras recogidas por Europa Press, el funcionario considera que tanto el jefe de Gabinete como el resto de implicados actuaron “ilegal, injusta y arbitrariamente” al manipular la convocatoria para favorecer a su familiar.

Pese a estos señalamientos, fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press defendieron el proceso seguido para el nombramiento, asegurando que se respetaron los procedimientos normativos de libre designación. Esta postura coincide con las declaraciones del portavoz del Gobierno autonómico realizadas en rueda de prensa en diciembre, cuando se hizo pública la existencia de la querella. Las mismas fuentes afirmaron que se ha remitido a la autoridad judicial toda la documentación relativa al expediente de selección, con el objetivo declarado de esclarecer cualquier duda que surge del caso.

La comparecencia del jefe de Gabinete como investigado ante el Juzgado se centrará en responder por un presunto delito leve de prevaricación administrativa, ya que la instrucción judicial descartó inicialmente la imputación por tráfico de influencias planteada en la querella original. El Ejecutivo regional sostiene, ante las acusaciones, que el colaborador principal de Prohens acudirá a la cita judicial para prestar colaboración total y aportar claridad en la investigación.

El procedimiento judicial continúa en curso y el ejecutivo autonómico mantiene la posición de que todas las actuaciones se ajustaron a la legalidad y a los cauces administrativos establecidos, según trasladó Europa Press. La evolución del proceso y las declaraciones que se tomen a partir del 24 de marzo aportarán nuevos elementos al expediente que examina el órgano judicial en Palma.