Las medidas fiscales incluidas en el nuevo decreto ley de vivienda han recibido críticas por su capacidad real para frenar el aumento de los precios del alquiler, según detalló el medio. Lara Hernández, co-coordinadora del Movimiento Sumar, expuso que la bonificación del cien por ciento en el IRPF para los propietarios que mantengan los precios no garantiza que estos se contengan. Hernández argumentó que, en un contexto donde los precios del alquiler se encuentran elevados, a los propietarios les resultaría más rentable incrementar los alquileres que acogerse a incentivos fiscales.
De acuerdo con lo publicado por el medio, Lara Hernández responsabilizó este martes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el contenido del nuevo real decreto ley de vivienda, presentado por el presidente Pedro Sánchez. Hernández declaró que la norma, tal como se ha elaborado, no atiende de manera suficiente las demandas de la ciudadanía ni resuelve el problema que enfrentan miles de personas con respecto al acceso a una vivienda asequible. Según consignó el medio, Sumar se enteró del anuncio mediante la cobertura mediática, a la par que el resto de la población, algo que Hernández consideró menos relevante que la falta de coincidencia en los objetivos del decreto. “No coincidimos en absoluto”, manifestó la dirigente.
La dirigente de Sumar señaló como asunto prioritario la prórroga de los contratos de alquiler que expiran este año, cifra que, según comunicó, supera las 600.000 unidades y afecta a cerca de un millón y medio de familias. Hernández advirtió que, sin una intervención gubernamental, estos contratos quedarán sujetos a un mercado que describió como “completamente desenfrenado”, marcando que se esperan incrementos en las rentas que pueden llegar al 20, 30 o incluso al 40 por ciento. Esta situación, detalló, genera incertidumbre en muchas familias que aún no saben si podrán permanecer en sus viviendas o si sus hijos podrán seguir asistiendo a sus actuales centros escolares.
Según informó el medio, Hernández hizo un llamado al ejecutivo para que repita la estrategia utilizada en situaciones anteriores, como durante la pandemia y tras las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, estableciendo una nueva prórroga de los contratos de alquiler ante lo que describió como “emergencia social”. En su intervención, la representante de Sumar subrayó que esta medida volvería a proteger a las familias frente a posibles subidas abruptas de precios y la pérdida de acceso a la vivienda.
El medio reportó también que Hernández criticó que, en la actualidad, más del 40 por ciento de los ingresos de muchos hogares se destinan al pago de la vivienda, algo que, en sus palabras, compromete la posibilidad de mantener condiciones de vida adecuadas. Señaló: “Una familia no puede tener unas condiciones de vida normales cuando casi la mitad o más de la mitad, en muchos casos, de sus ingresos se destinan a garantizarse un techo”.
La co-coordinadora del Movimiento Sumar abogó de nuevo por la movilización social, respaldando la participación ciudadana para exigir cambios reales en materia de vivienda. En su intervención, recordó la presencia activa de su formación en movilizaciones y protestas, y su colaboración con entidades como el Sindicato de Inquilinas en acciones contra los desahucios. Explicó que su pertenencia a una coalición de gobierno no implica ignorar las dificultades que enfrentan las personas afectadas por la crisis del alquiler: “Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle”.
El medio informó que, según Hernández, Sumar está “empujando y presionando” para que se cumplan los acuerdos alcanzados en materia de vivienda dentro del pacto de gobierno. Manifestó que su formación se encuentra “al servicio de la ciudadanía y de esa movilización que históricamente ha impulsado todos los cambios”, dando a entender que apoyan y promueven las protestas sociales orientadas a reclamar soluciones para el acceso a la vivienda.
Por último, el medio detalló que Sumar reitera su desacuerdo con el contenido y el enfoque del decreto promovido por el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez, reclamando reformas urgentes y eficaces que aseguren estabilidad y protección para los inquilinos, al tiempo que animan a la ciudadanía a movilizarse y a presionar para lograr una política de vivienda que evite la escalada de precios y la amenaza de desahucio para cientos de miles de familias en el país.
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