Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos contra un modelo de financiación que "perjudica" a los madrileños

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, pidió en la mañana de este viernes la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar a fondo el nuevo sistema de financiación autonómica, según informó el medio. Albert indicó que la Comunidad acudirá a la próxima reunión, prevista para el miércoles de la siguiente semana, con el objetivo de comprender los detalles y reclamar un modelo más transparente y sencillo, en el que la asignación de fondos no genere diferencias marcadas entre territorios. Tras la solicitud, la consejera subrayó que “la financiación autonómica es un sistema que afecta a todos los españoles y una cuestión multilateral entre todas las comunidades autónomas”, cuestionando el proceso seguido por el Gobierno central para comunicar las modificaciones.

De acuerdo con la información publicada, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso analiza todas las acciones legales disponibles para evitar la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Ejecutivo nacional. La administración autonómica sostiene que la iniciativa perjudica a los habitantes de Madrid, prioriza a las comunidades con intereses independentistas y reduce el acceso equitativo a los servicios públicos. Según explicó Albert, los recursos previstos para Madrid en el nuevo esquema —un incremento de 2.555 millones de euros en 2027— resultan insuficientes por la forma en la que se distribuyen y porque parte de esos fondos ya proceden de figuras impositivas existentes, como el impuesto a grandes fortunas, que se había presentado como temporal. La consejera remarcó que, con el nuevo modelo, los madrileños se verían en desventaja respecto a regiones como Cataluña en cuanto a financiación para servicios públicos.

El medio agregó que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue objeto de críticas directas por parte de Albert, al acusar a Montero de “difamar y mentir” sobre Madrid al señalar presuntas prácticas de dumping fiscal. Según la consejera, el plan actual obliga a utilizar los impuestos recaudados en Madrid para sostener lo que denominó como “fiesta independentista” asociada al nuevo reparto financiero. Albert también rechazó la forma en la que el Ministerio de Hacienda comunicó la propuesta, asegurando que se entregó una presentación en formato “power point” a la que la prensa no tuvo acceso completo en la conferencia, a diferencia del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, quien, afirmó Albert, obtuvo información detallada sobre los casi 4.700 millones de euros asignados a Cataluña.

Según consignó el medio, Albert relacionó el actual anuncio con episodios anteriores, mencionando la condonación de deuda supuestamente negociada con ERC. “Para que el resto de las comunidades autónomas no nos quejáramos, nos dieron a nosotros las migajas. Es como el día de la marmota. Ya lo hemos visto”, declaró la consejera, argumentando que situaciones similares se repiten. A su vez, apostó por utilizar todos los recursos a disposición de la Comunidad de Madrid para impedir, en sus palabras, que “ningún español tenga menos recursos para los servicios públicos que los que tiene un español independentista”, insistiendo en la necesidad de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad de residencia.

Tal como reportó el mismo medio, Albert recordó que la reforma propuesta necesita pasar por el Congreso de los Diputados y obtener las mayorías necesarias para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Asegura que “no tienen los apoyos para aprobar los presupuestos y tampoco tienen los apoyos para modificar una ley orgánica tan importante”, recalcando que Madrid “nunca ha defendido” el principio de ordinalidad y sí ha exigido que todos los españoles, incluidos los madrileños, dispongan de los mismos recursos para enfrentarse a los gastos públicos.

Uno de los argumentos centrales expresados por la consejera radica en los fondos adicionales y el concepto de financiación por habitante ajustado. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, sostuvo que el nuevo modelo situaría a la Comunidad de Madrid como la segunda región con mayor financiación por habitante ajustado, solo detrás de Cantabria. Sin embargo, como destacó el medio, Albert rechazó esta afirmación y aseguró que la introducción de numerosos fondos adicionales termina distorsionando las cifras reales del sistema. Según la responsable regional, con la nueva cesión de tributos la contribución de Madrid superaría el 149%, lo que elevaría su esfuerzo fiscal y resultado para la región.

El proceso de tramitación y comunicación de la propuesta también fue motivo de críticas. Según publicó el medio, Albert lamentó que la secuencia de hechos fuera: primero la negociación del presidente Pedro Sánchez con Junqueras, luego la rueda de prensa y, en tercer lugar, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un orden que, a juicio de la consejera, margina a la discusión multilateral previa al anuncio público.

Además, Albert defendió la necesidad de simplificar el sistema de financiación y planteó que el modelo presentado este viernes dista de la propuesta realizada por Madrid, que, afirma, priorizaba la transparencia y la reducción de fondos superpuestos. A este respecto, manifestó que sería adecuado establecer un fondo climático, pero fuera del sistema de financiación autonómica, para no dificultar la claridad y ejecución de los recursos destinados a las regiones.

La publicación indica que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene una posición firme ante el avance de la reforma, cuestionando tanto las formas como el fondo de la propuesta estatal. La postura se basa en el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos y en la reclamación de un reparto equitativo y transparente de los fondos entre territorios, aspectos que, según la consejera, no estarían garantizados con el nuevo modelo planteado desde el Ejecutivo central.