El magistrado encargado del caso ha solicitado que la Agencia IDEA entregue toda la documentación disponible relacionada con una serie de ayudas concedidas a la sociedad Grupo TPM, incluyendo incentivos directos de 1.040.366 euros y 106.639 euros, así como incentivos reembolsables por sumas de 10.159.820 euros y 903.717 euros, y un informe específico que aclare si dichas ayudas efectivamente fueron abonadas, junto con los justificantes correspondientes. Esta medida judicial forma parte de las diligencias ampliadas por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación de avales públicos y fondos destinados a empresas en dificultades económicas. Según publicó Europa Press, la causa gira en torno a la "indebida" concesión de un aval de 1,19 millones de euros al Grupo TPM, que se habría realizado sin que la empresa cumpliese los requisitos habituales exigidos por la normativa vigente.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido citar a declarar, en calidad de investigados, a 18 personas, entre ellas el exconsejero andaluz de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Según detalló Europa Press, las comparecencias tendrán lugar entre el 17 y el 25 de febrero, convocándose a Vallejo el día 17, a Barberá el 18 y a Rodríguez Román el 25. Esta iniciativa se produce como respuesta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, emitida en diciembre de 2020, y coincide con la prórroga del plazo de instrucción de la causa, que se extenderá hasta el 21 de junio.
La investigación abarca la utilización supuestamente ilícita de avales por parte de los responsables de la Agencia IDEA y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Según consignó Europa Press, las actuaciones apuntan a que estos avales, tanto "propios o excepcionales" —que no estarían amparados por la orden reguladora de 5 de noviembre de 2008— como los considerados incentivos regulares para empresas en crisis, podrían haberse empleado de forma arbitraria y sin respaldo técnico ni jurídico suficiente, permitiendo la transferencia de fondos públicos a la empresa Grupo TPM. En este contexto, el juez observa la existencia de aparentes indicios de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Además del Grupo TPM, la resolución judicial identifica diecinueve empresas más que habrían recibido ayudas con circunstancias similares, es decir, concurrencia irregular de avales y otras subvenciones sociolaborales o económicas a través de la Dirección General de Trabajo y gestionadas por la Agencia IDEA. Estas operaciones, según el instructor, se habrían articulado por vías ajenas al cumplimiento de los requisitos legales preceptivos, como el análisis objetivo de la situación crítica de las empresas y la evaluación de su viabilidad futura, elementos recogidos en la normativa andaluza del programa de ayudas para los años 2008 y 2009.
El magistrado también ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliar el atestado para identificar a directivos, representantes y responsables del Grupo TPM que pudieran estar implicados en la concesión y ejecución irregular del aval de 1.190.000 euros, de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía. Europa Press indicó que este proceso pretende dilucidar la cadena de decisiones y responsabilidades internas dentro del grupo empresarial en cuestión.
En su auto, el juez argumenta que la concesión del aval a Grupo TPM, formalizada el 30 de septiembre de 2008, se produjo a pesar de que la empresa ya había sido declarada en concurso voluntario de acreedores en enero de 2005, lo que sugiere la ausencia de causas técnicas o jurídicas para autorizar la ayuda. Según la resolución judicial difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la entrega de fondos públicos a la sociedad se habría configurado como una "inyección continuada" y contraria a la legislación vigente, sumando al aval otras ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo que suman 1.500.000 euros.
El auto judicial mantiene abierta la hipótesis de delitos de prevaricación administrativa y malversación asociados a la supuesta concesión fraudulenta tanto de avales como de otras transferencias económicas públicas en beneficio de Grupo TPM. El juez subraya que estos comportamientos carecerían de fundamento técnico y obedecerían a criterios discrecionales arbitrarios, artífices de una desviación de finalidad en la gestión de recursos públicos.
La instrucción judicial permanece en curso y contempla la posibilidad de recalificar los hechos a medida que avancen las diligencias. El caso da seguimiento a una serie de actuaciones judiciales que buscan esclarecer el uso de fondos regionales para la ayuda a empresas con dificultades coyunturales en Andalucía durante los años 2008 y 2009, conforme a la normativa específica que regulaba la asignación de esas ayudas y avales por parte de la Administración autonómica y la Agencia IDEA, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.
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