
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, destacó que la reciente negociación entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) refleja lo que denomina un caso de “corrupción política”, en el que recursos públicos se emplean para conseguir votos y mantener la Presidencia de Pedro Sánchez y el liderazgo de Salvador Illa en la Generalitat. Según información recogida por Europa Press, Bravo criticó que el pacto alcanzado con ERC proporcionará 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, incrementando su capacidad presupuestaria en un 12% y reconociendo el principio de ordinalidad, aspectos que, según sostiene, no aparecen en el programa electoral del PSOE.
De acuerdo con Europa Press, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, cuestionó que la igualdad de los ciudadanos españoles se utilice como “moneda de cambio” en las negociaciones políticas. Feijóo subrayó que “La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un Gobierno en ruinas” y recalcó que la financiación autonómica debe orientarse hacia el interés general. El líder popular difundió su postura a través de un mensaje en la red social X, señalando que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio”. Además, reiteró que el sistema de distribución de fondos entre comunidades autónomas ha de atender al bien común y no a intereses particulares.
El acuerdo entre el Gobierno liderado por Pedro Sánchez y ERC fue anunciado por el presidente de la formación independentista, Oriol Junqueras, después de un encuentro celebrado en el Palacio de la Moncloa. Según publicó Europa Press, el convenio se circunscribe a la financiación de Cataluña pero no incluye variaciones en la capacidad de recaudación fiscal de la comunidad. Se prevé que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrezca detalles específicos del pacto durante una comparecencia el viernes.
Según consignó Europa Press, Bravo también censuró que el presidente del Gobierno haya recibido en Moncloa a responsables de una formación independentista, argumentando que, en vez de abordar el futuro del sistema de financiación autonómica de manera multilateral con todas las comunidades, se ha optado por pactar individualmente con una sola. A juicio de Bravo, esta estrategia evidencia una vulneración del principio constitucional de solidaridad, pues considera que el modelo aprobado implica que “el que más tiene va a recibir más”, lo que contradice el espíritu de ayuda entre regiones consagrado en la Carta Magna.
Bravo recordó que el Partido Popular ya presentó una propuesta en materia de financiación autonómica el 6 de septiembre de 2024, respaldada por todos los líderes autonómicos del partido. El planteamiento popular, según reportó Europa Press, propone un sistema multilateral en el que participen todas las autonomías, teniendo en cuenta las especificidades y necesidades de cada una. La propuesta incluía la creación de un fondo transitorio para garantizar el funcionamiento hasta la aprobación de un modelo definitivo, así como la consideración de variables como inversiones, fondos europeos y compromisos de equilibrio presupuestario.
En palabras de Bravo, el Partido Popular mantiene el compromiso de establecer un sistema de financiación autonómica que responda al interés colectivo. Señaló que la formación propone que, en caso de llegar al Gobierno, Feijóo trabaje para disponer de un nuevo sistema en el plazo de un año, garantizando un enfoque basado en la cooperación entre las comunidades y ajustado a criterios objetivos.
Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular, citadas por Europa Press, señalaron que corresponde a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicar los términos del acuerdo alcanzado con ERC. Ambas figuran como candidatas del PSOE de cara a próximas elecciones, con Alegría compitiendo por la presidencia de Aragón el 8 de febrero y Montero enfrentándose a Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de Andalucía previstas para junio.
El intercambio político por el acuerdo de financiación específico con Cataluña ha generado debate sobre los mecanismos de distribución de recursos dentro del Estado. De acuerdo con Europa Press, representantes del PP insistieron en la necesidad de adoptar fórmulas de negociación integradoras, que involucren a todas las comunidades autónomas y prioricen la equidad, frente a lo que consideran pactos particulares con fines políticos. Las próximas comparecencias de responsables gubernamentales están destinadas a arrojar detalles sobre el alcance y condiciones del pacto, en un contexto de atención pública respecto al equilibrio territorial y la transparencia en el uso de fondos públicos.


