Vox critica la reunión de Sánchez y Junqueras en Moncloa: "Entre mafias va este juego macabro"

Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, afirmó en la red social X que la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras “sirve para incorporar a la dirección del Estado a delincuentes que quieren acabar con la unidad nacional”. Este comentario llega en el contexto de la cita programada para el jueves en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo propósito declarado es avanzar en el desbloqueo del nuevo modelo de financiación para Cataluña, según reportó el medio Europa Press.

La formación Vox ha expresado su rechazo a esta reunión, tildando de “falsa e insultante” la aparente normalización de las relaciones entre el Ejecutivo central y el gobierno catalán. Según recogió Europa Press, Garriga denunció en su mensaje que “entre mafias va este juego macabro”, posicionando a su partido como uno de los principales críticos de la aproximación de Moncloa hacia el independentismo catalán.

El encuentro previsto entre Sánchez y Junqueras fue presentado por ambas partes como un paso clave en las negociaciones sobre el sistema de financiación autonómica, un asunto pendiente desde hace años y foco de tensiones políticas recurrentes. Junqueras comunicó que el acuerdo sobre financiación autonómica está “cerca”, argumentando que este acercamiento permitirá garantizar recursos adecuados para Cataluña, según recogió Europa Press en declaraciones del propio dirigente catalán.

Adicionalmente, el líder de ERC mencionó que durante la reunión se abordarán otros compromisos entre ambas formaciones, y que será la ocasión para “recordar que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo”, según citó Europa Press. Este tipo de encuentros han generado críticas desde sectores políticos que consideran que el diálogo con fuerzas independentistas implica concesiones que afectan a la integridad territorial del país.

Vox sostiene que la recuperación de los vínculos institucionales con el independentismo no responde a un interés general, sino a lo que califican como “una estrategia para favorecer a quienes desafían la legalidad”, según expresó el partido y recogió Europa Press. Para la formación liderada por Santiago Abascal, el acercamiento institucional representa una amenaza al modelo territorial vigente y una validación de estrategias independentistas.

La reacción de Vox se inscribe en un clima político marcado por la polarización respecto al papel del independentismo catalán dentro de la política nacional. El partido reitera su rechazo a cualquier tipo de entendimiento con formaciones que, a su juicio, buscan “acabar con la unidad nacional”.

Por su parte, desde el Ejecutivo y desde ERC, el motivo principal del encuentro se define como el intento de destrabar un punto clave en la agenda política catalana: la financiación autonómica. La negociación sobre este tema lleva años sin resolverse, con reiterados llamados desde Cataluña para asegurar un modelo más equitativo y adecuado a las necesidades del territorio, cuestión que fue reiterada como prioritaria en los contactos actuales.

El acercamiento entre Sánchez y Junqueras se da en un contexto de búsqueda de apoyos parlamentarios y de estabilidad para el Gobierno, en medio de una legislatura en la que el respaldo de formaciones independentistas resulta clave para la aprobación de proyectos y reformas del Ejecutivo. Tanto la cita como las declaraciones posteriores han sido interpretadas como parte de una estrategia más amplia para estabilizar las relaciones con sectores del independentismo, algo que, como recoge Europa Press, Vox ve como una señal de debilidad y como una concesión inadmisible.

Finalmente, la reunión abordará tanto el sistema de financiación como el seguimiento de otros acuerdos políticos en curso. Tanto el Ejecutivo como ERC sostienen que el diálogo y el cumplimiento de compromisos son esenciales para avanzar en una agenda compartida, mientras que Vox rechaza firmemente este proceso y denuncia que supone una legitimación política y social de lo que consideran comportamientos ilegales por parte de los líderes independentistas.