PP Baleares exige a Armengol "desbloquear" la ley antiokupación para "proteger a quienes cumplen" las normas

El Partido Popular de Baleares presentó una Proposición No de Ley en el Parlament autonómico con el objetivo de reclamar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la reactivación inmediata de la ley contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, que permanece detenida desde febrero de 2024. Según informó el propio PP Baleares mediante nota de prensa, el principal partido de la oposición solicita que la Cámara autonómica inste a Armengol a levantar el bloqueo que, en su opinión, perjudica tanto a propietarios como a vecinos y afecta la seguridad y la convivencia en las comunidades.

De acuerdo con la información publicada por el PP, la reclamación surge ante el aumento de casos de ocupación ilegal y de “inquiokupación” en el archipiélago balear y en el resto de España. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, sostuvo que la “paralización legislativa” de la ley antiokupación deja desprotegidos a miles de ciudadanos. Sagreras expresó su preocupación porque la falta de avance en la tramitación de la norma, ya aprobada previamente en el Senado, contribuye a una situación en la que la “pasividad” institucional impide la protección efectiva de la propiedad privada y la seguridad colectiva.

El medio detalló que la ley en cuestión, impulsada por el Partido Popular en la Cámara Alta, contempla medidas como la agilización de los desalojos en un plazo máximo de 24 horas, el refuerzo de las sanciones penales contra quienes ocupen ilegalmente viviendas o locales, y la aplicación de mecanismos adicionales, entre ellos la prohibición del empadronamiento en inmuebles ocupados y beneficios fiscales para las personas afectadas por este tipo de acciones delictivas.

Además, los representantes del PP remarcaron que la iniciativa no pretende afectar negativamente a las políticas de vivienda social ni a los programas de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad. Se trata, señalaron, de un instrumento diseñado específicamente para respaldar a quienes cumplen la ley frente a las conductas contrarias a derecho que generan inseguridad y afectan la convivencia vecinal.

En declaraciones recogidas por el partido y difundidas en la nota oficial, Sagreras afirmó que “la presidenta Armengol está bloqueando una ley que protege a los propietarios y a los vecinos, poniendo en riesgo la seguridad y la convivencia en las comunidades”. El portavoz también resaltó que “no se puede permitir que el esfuerzo legítimo de las familias por acceder a una vivienda sea vulnerado por la ocupación ilegal y la pasividad de quienes tienen la obligación de tramitar la ley”.

El PP de Baleares reiteró su petición de apoyo a los grupos políticos con representación en el Parlament para que respalden la iniciativa de instar a Francina Armengol, del Partido Socialista, a que desbloquee con carácter urgente la tramitación de la norma. Remarcaron que la respuesta inmediata resulta imprescindible para evitar que el incremento de ocupaciones ilegales continúe sin una normativa clara y efectiva que ofrezca herramientas jurídicas para atender la problemática.

La formación política advirtió que la implementación de la ley supondría una respuesta efectiva “ante el crecimiento” de este fenómeno y la preocupación creciente entre los propietarios y las comunidades de vecinos, que señalan efectos negativos tanto en la sensación de seguridad como en la convivencia cotidiana en las localidades afectadas. Según consignó el PP Baleares, la propuesta agravaría las penas para quienes incurran en ocupaciones no autorizadas y permitiría acortar los plazos necesarios para desalojar inmuebles, elementos considerados clave por los impulsores de la medida.

El partido finalizó su comunicado reiterando que la ley antiokupación “no cuestiona” las políticas de vivienda social ni las ayudas previstas para personas vulnerables, y que su objetivo se centra en “proteger a quienes cumplen la ley frente a conductas delictivas que ponen en riesgo la propiedad privada y la convivencia vecinal”, en palabras de Sagreras.