
El desarrollo de la ponencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid adquirió relevancia después de que surgiera un audio donde se escuchó al magistrado Andrés Martínez Arrieta despidiéndose con la frase: "Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal". Fuentes presentes relataron, según Europa Press, que este comentario provocó risas y aplausos en la audiencia. Este episodio se produjo en medio de una formación organizada por el colegio de abogados madrileño, cuando aún no era públicamente conocido que la ponencia judicial había cambiado de responsable debido a que la magistrada Susana Polo y la magistrada Ana Ferrer discrepaban de la condena, cuyo anuncio oficial se realizó el 20 de noviembre.
El Tribunal Supremo inadmitió la querella presentada contra el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien presidió el tribunal encargado de juzgar a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado. Según consignó Europa Press, la denuncia partía de la sospecha de que Martínez Arrieta habría revelado la resolución condenatoria a García Ortiz en ese evento formativo, en el que participaba el propio Ilustre Colegio de Abogados de Madrid como una de las acusaciones particulares del proceso.
El auto del alto tribunal, al que tuvo acceso Europa Press, estableció que para que una comunicación sea considerada relevante en cuanto a una infracción disciplinaria, resulta necesario que el magistrado desvele el contenido esencial de las deliberaciones o los resultados de las votaciones entre los miembros del tribunal. El Supremo explicó que no halló "ni siquiera de forma indiciaria" la concurrencia de los elementos que exige el tipo delictivo imputado, ya que la denuncia no aportó "ningún principio de prueba ni fuente de conocimiento" que sustentase que la frase pronunciada por Martínez Arrieta constituyera un delito de revelación de secretos.
El tribunal precisó que el mero hecho de mencionar el trámite pendiente respecto a la sentencia no implica que se haya filtrado información reservada del proceso, tampoco considera que se haya puesto en conocimiento de terceros el contenido material de las deliberaciones ni el resultado final de las votaciones internas del tribunal. De acuerdo con el fallo, reproducido por Europa Press, para que la revelación de información judicial tenga trascendencia disciplinaria, resulta indispensable que se expongan en público datos internos del proceso, extremo que para los jueces no se dio en este caso.
La acusación particular—integrada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid—formuló la denuncia basándose en la intervención que tuvo lugar durante el acto institucional citado, al alegar que el presidente del tribunal habría anticipado u ofrecido indicios sobre la decisión antes de su comunicación oficial. Sin embargo, tras examinar los hechos y escuchar el contenido de la intervención, los magistrados del Supremo descartaron que las palabras de Martínez Arrieta implicaran una conducta ilícita relacionada con el delito de revelación de secretos.
Como antecedente, el caso se remonta a la condena anunciada oficialmente el 20 de noviembre, en la que, por la existencia de desacuerdos, la ponencia del caso fue transferida desde la magistrada Susana Polo al presidente del tribunal. Europa Press indicó que el comentario de Martínez Arrieta surgió en este contexto, sin que, conforme a la valoración de la sala, ello supusiera vulneración alguna del deber de reserva judicial respecto al veredicto o los detalles de las deliberaciones.
El Supremo, de esta manera, inadmitió las pretensiones de la acusación respecto al presunto delito y descartó la posibilidad de sanción disciplinaria contra Martínez Arrieta por estos hechos. Esta decisión refuerza los criterios vigentes sobre el alcance de las infracciones disciplinarias en la comunicación de información judicial, remarcando que únicamente la desvelación de contenidos materiales de las deliberaciones o el resultado de las votaciones podrían constituir una falta sancionable.
Europa Press subrayó que el contenido de la resolución judicial cerró la vía para que prospere la acusación de revelación de secretos, después de analizar la frase concreta utilizada durante la formación y su contexto. El auto, según publicó el medio citado, apuntó que la frase del presidente del tribunal no excedió los límites de lo permitido y no constituyó un acto tipificable penalmente ni disciplinariamente. La decisión queda reflejada en el documento judicial al que tuvo acceso la agencia de noticias y establece el criterio sobre la admisión de este tipo de denuncias en circunstancias similares.
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