El subdirector general de Emergencias vuelve a juzgados de Catarroja para concluir su declaración en la causa de la dana

Durante los momentos iniciales de la emergencia, las imágenes que llegaban al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) mostraban a personas refugiadas en tejados en municipios como Utiel y Requena, mientras equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos forestales no lograban acceder para efectuar rescates. Según Europa Press, esa fue la situación cuando Jorge Suárez —subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana y máximo responsable técnico de la gestión aquel día— se reincorporó de sus vacaciones y participó, junto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en las deliberaciones y labores del Cecopi, el organismo responsable de coordinar la respuesta operativa. El motivo fue la investigación judicial sobre la gestión tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2029, causando la muerte de 230 personas y desencadenando una causa penal en los juzgados de Catarroja.

Tal como reportó Europa Press, Suárez acudió nuevamente ante el tribunal para concluir su declaración como testigo clave en el caso, ya que la primera comparecencia celebrada el 4 de diciembre no se había completado, pese a extenderse más de ocho horas. El foco judicial se encuentra en las decisiones tomadas aquel 29 de octubre, en particular las relacionadas con la emisión de alertas a la población potencialmente afectada y el análisis posterior sobre la eficacia de los mecanismos de comunicación y gestión del riesgo.

La secuencia de hechos relatada por Suárez ante el juzgado comenzó cuando el Cecopi se constituyó oficialmente a las 17:00 horas, aunque la primera reunión operativa inició a las 17:15. En ese momento los presentes evaluaron recursos desplegados en el terreno y analizaron imágenes en vivo que mostraban cómo las lluvias habían dejado personas atrapadas en zonas de difícil acceso. De acuerdo con Europa Press, Suárez expresó durante su testimonio que una de sus máximas prioridades era evitar situaciones de hipotermia entre quienes permanecían expuestos al clima adverso por tiempo prolongado. Antes de que comenzaran de manera formal las deliberaciones, barajó la posibilidad de emplear la tecnología Es-Alert para notificar instantáneamente en teléfonos móviles a quienes se encontraban en el área de emergencia, si bien en ese instante no mencionó el sistema por su nombre.

Cuando la reunión operativa del Cecopi arrancó, diversos actores tomaron la palabra. Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), alertó sobre el riesgo inminente de la presa de Forata, que ya empezaba a verse superada por el caudal y ante la posibilidad de llegar al nivel de alerta 3, el cual representa riesgo de rotura, según consignó Europa Press. A las 17:38, Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias, remitió a Suárez una lista de municipios vulnerables por el efecto de la presa, mientras otra funcionaria presentó el Plan de Emergencia del embalse, como Suárez relató a los magistrados. En esos planes se especificaba que una posible rotura podría generar inundaciones con alturas de agua entre seis y siete metros en diversas localidades.

Ante esa información, Suárez repitió la conveniencia de emplear un mensaje masivo a la ciudadanía, a través de Es-Alert o algún otro mecanismo, para recomendar refugio en zonas elevadas y atención a las comunicaciones oficiales, relató Europa Press. La propuesta no generó acuerdo, pues ni Pradas ni José Miguel Basset —exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y responsable en la toma de decisiones aquel día— respaldaron la emisión inmediata del aviso. Basset manifestó la necesidad de evitar la alarma injustificada y propuso que expertos revisaran el contenido del mensaje antes de su envío.

Según recopiló Europa Press, el Cecopi detuvo temporalmente las comunicaciones para revisar y perfeccionar el mensaje, al tiempo que crecía la inquietud sobre la presa de Forata y el contacto directo con los alcaldes resultó infructuoso. Pradas y la funcionaria Argüeso señalaron la preferencia de avisar primero a los alcaldes antes de difundir cualquier alerta a la población, de modo que se convocó una videoconferencia, que finalmente no consiguió establecerse.

Pasadas las 19:00 horas, las deliberaciones del Cecopi continuaron, con la decisión de enviar un mensaje informativo a la población, sin ordenar evacuación alguna y enfocado sobre la situación de la presa de Forata. Durante la discusión, Suárez leyó en voz alta su sugerencia para el mensaje, desglosando el texto ante los presentes, incluida la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien realizó distintas observaciones y preguntas, según detalló Europa Press.

En ese punto, Suárez puntualizó que la comunicación por Es-Alert no podía considerarse la única vía de aviso y propuso reforzar la advertencia usando medios como la radiotelevisión autonómica À Punt y emisoras tradicionales de radio. El texto del comunicado también fue revisado respecto a posibles consecuencias jurídicas que podría acarrear una recomendación formal de confinamiento. Europa Press indicó que Pradas, en ese momento, recalcó que consultaría con los servicios jurídicos antes de autorizar el mensaje, y se ajustó el enfoque del comunicado: pasó de centrarse solo en la presa de Forata a abarcar una alerta provincial, ante la magnitud de la situación.

El contenido definitivo experimentó ajustes en matices y terminología, adoptando recomendaciones menos imperativas. El texto final se tradujo al valenciano y Pradas solicitó examinar la última versión antes de dar el visto bueno. Finalmente, el mensaje se difundió a través de Es-Alert a las 20:11, una vez que se incorporaron las últimas correcciones, según testigos consultados por Europa Press.

La declaración de Jorge Suárez ante los juzgados de Catarroja constituye un elemento central en el esclarecimiento de la gestión pública durante la emergencia. El análisis exhaustivo de la toma de decisiones, la secuencia en el envío de las alertas y la labor de coordinación entre las distintas autoridades están siendo escrutados judicialmente para establecer posibles responsabilidades y evaluar la eficacia de la respuesta ante una tragedia que, según los datos de Europa Press, cobró la vida de 230 personas.

La investigación sigue abierta, mientras las actuaciones y declaraciones de Suárez y otros responsables continúan siendo analizadas, según la cobertura de Europa Press, en la búsqueda de una reconstrucción precisa de los hechos ocurridos aquella tarde del 29 de octubre de 2029 en la provincia de Valencia.