El PP cuestiona los protocolos del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Sánchez?"

La permanencia durante cinco meses de varias denuncias por presuntos casos de acoso en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sin ser hechas públicas constituye, según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, una muestra de deficiencias en los protocolos internos para la protección de las víctimas. De acuerdo con Europa Press, Gamarra exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones por la gestión de estos expedientes y señaló que esta situación pone en duda la eficacia de las medidas del PSOE para abordar denuncias de acoso sexual en su seno.

Durante una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, la representante popular expuso que su partido sí cuenta con protocolos internos y canales habilitados para tratar denuncias de acoso sexual. Según informó Europa Press, Gamarra planteó en sus declaraciones públicas la pregunta sobre la utilidad de los protocolos del PSOE en situaciones que afectan a personas cercanas a Sánchez. En palabras recogidas por el mismo medio, la dirigente popular afirmó: “¿Para qué sirven los protocolos dentro del Partido Socialista cuando se trata de los amigos y del entorno de Pedro Sánchez?”.

La intervención de Gamarra respondió a las recientes afirmaciones de Pedro Sánchez, quien en días previos acusó al Partido Popular de no disponer de un protocolo específico ni de recursos internos adecuados para tramitar denuncias de este tipo. Frente a esta acusación, Gamarra defendió la estructura interna de su formación política y reiteró que el Partido Popular no solo cuenta con mecanismos contra el acoso sexual, sino que además estos procedimientos se encuentran operativos. Según consignó Europa Press, la dirigente señaló que la situación en el PSOE expone un problema estructural relacionado con la transparencia y la capacidad de respuesta institucional.

Europa Press detalló que Gamarra también abordó el caso de Francisco Salazar, exmilitante socialista, quien fue objeto de denuncias que, según la vicesecretaria, no desembocaron en una investigación apropiada ni en la activación de los mecanismos internos previstos para proteger a las víctimas y procesar a los presuntos agresores. A juicio de la representante del PP, el Gobierno y el PSOE incurrieron en omisiones que derivaron en la “pérdida” de expedientes durante el protocolo, imputando la responsabilidad de esta situación de manera directa a Pedro Sánchez por no vigilar de cerca el proceso.

En su intervención, Gamarra manifestó, según publicó Europa Press, que estas deficiencias implican una “perversión” de las normas internas socialistas, dirigiendo la crítica a la posible protección de agresores en lugar de salvaguardar los derechos de las víctimas. La representante popular señaló: “Se produce una perversión de las propias normas internas del PSOE para proteger a los agresores en vez de proteger a las víctimas”. Esta postura fue reforzada por la valoración que hizo sobre el impacto de estos hechos en la lucha contra el acoso sexual en España, al considerar que el desarrollo de estos acontecimientos representa “el mayor retroceso en la lucha contra el acoso sexual que se está produciendo en nuestro país”, según citó Europa Press.

El medio Europa Press precisó que, para Gamarra, el proceder del Partido Socialista y del propio Sánchez tras la publicación mediática de las denuncias refleja una falta de iniciativa si no hubiera existido presión social y mediática. En la entrevista con Catalunya Ràdio, la dirigente exigió al presidente del Gobierno que aporte más detalles y aclare el manejo institucional de los casos afectados, expresando que “debería dejar las lecciones y dar más explicaciones” sobre la respuesta que la dirección socialista dio a las víctimas y a las acusaciones que pesan sobre miembros de su entorno.

En el desarrollo de sus declaraciones, la representante popular se refirió a los protocolos internos y a la transparencia de los sistemas de denuncia del Partido Popular, insistiendo en que las herramientas existentes en su formación garantizan la recepción y tratamiento de las denuncias conforme a un procedimiento claro. Por el contrario, planteó que en el caso socialista la acción institucional resultó insuficiente, ya que, según su valoración, no se investigó ni se protegió de manera efectiva a las posibles víctimas antes de que el caso tomara trascendencia pública.

Europa Press subrayó que las declaraciones de Gamarra ocurrieron en un contexto de enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, en un momento donde el debate sobre protocolos para combatir el acoso sexual ocupa un lugar destacado en la agenda pública. Las acusaciones cruzadas sobre la existencia o no de procedimientos internos han intensificado la discusión sobre la responsabilidad institucional ante denuncias de este tipo y sobre la obligación de las formaciones políticas de establecer canales y marcos regulatorios idóneos para responder a estos retos con eficacia y prontitud.

En sus intervenciones, Gamarra precisó que el Partido Socialista debería haber actuado mediante una investigación exhaustiva y la eventual expulsión de los responsables identificados, en lugar de una demora prolongada y la supuesta falta de transparencia. La dirigente denunció, según Europa Press, que tanto las demoras como la poca claridad en el tratamiento de los expedientes imposibilitaron que se brindara una respuesta institucional adecuada, obstaculizando de esta manera la protección de los derechos de las víctimas y la función ejemplarizante que corresponde a los partidos políticos.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular finalizó sus declaraciones reafirmando la necesidad de que el Gobierno explique detalladamente los motivos de la falta de acción ante las denuncias internadas en el PSOE. Europa Press destacó cómo este caso ha terminado por instalar un clima de elevada tensión y desconfianza entre los principales partidos, que ahora discuten abiertamente la eficacia de los mecanismos internos frente a situaciones de acoso sexual y su deber de garantizar estándares mínimos de transparencia y protección institucional.