Un juzgado acuerda la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra'

La investigación por el presunto uso irregular de fondos durante la pandemia y las conexiones con transferencias vinculadas a oro venezolano incluye detalles sobre la actuación de una supuesta organización criminal que operaría entre Francia, Suiza y España, según documentación de la Fiscalía. Este caso tiene como eje central a Plus Ultra y fue impulsado por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a altos cargos de la aerolínea de delitos económicos, y que es objeto de análisis judicial en Madrid.

De acuerdo con información de Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid estableció este sábado la libertad con medidas cautelares para tres personas relacionadas con el caso Plus Ultra, entre las que se encuentran el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli. La decisión fue tomada por el juez Alfredo Barrera, quien se encontraba de guardia, si bien la investigación principal sigue en manos del Juzgado de Instrucción Número 15, bajo secreto de sumario.

Las restricciones impuestas a los tres encausados incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante el órgano judicial, tal como consignó Europa Press. Estas medidas se aplican tras la puesta a disposición judicial de los implicados, quienes habían sido detenidos a lo largo de la semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El proceso judicial bajo supervisión de la jueza Esperanza Collazos responde a una denuncia formalizada por la Fiscalía Anticorrupción, que alega una utilización indebida de 53 millones de euros. Dichos fondos fueron asignados a Plus Ultra mediante un rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. Según la denuncia recogida por Europa Press, el dinero habría servido para la devolución de créditos que otras sociedades, presuntamente vinculadas a una trama delictiva, habían concedido previamente a la aerolínea.

La investigación se amplía además hacia posibles delitos de blanqueo de capitales, con especial atención en operaciones relacionadas tanto con fondos públicos de Venezuela como con oro procedente del Banco de Venezuela. De acuerdo con la Fiscalía citada por Europa Press, los fondos investigados procederían de la supuesta malversación de programas sociales promovidos por el gobierno venezolano, como los CLAP, enfocados en la distribución de alimentos básicos subsidiados, y de movimientos de oro de titularidad estatal.

Europa Press detalló que la denuncia socava la operativa de una organización compuesta por ciudadanos extranjeros, españoles nacionalizados y al menos un letrado de nacionalidad española. Esta agrupación, según la investigación, se especializaría en el blanqueo de capitales a través de actividades repartidas entre los citados países europeos.

El expediente que hoy motiva las medidas cautelares ya había pasado por una etapa previa en el mismo Juzgado de Instrucción Número 15, que en enero de 2023 resolvió archivar la causa sobre presuntas irregularidades en la concesión de los fondos públicos. La magistrada determinó entonces que la decisión sobre el rescate correspondió de forma exclusiva al Consejo de Ministros, y que los imputados no tenían capacidad resolutiva en ese marco. Este archivo se produjo después de que la Audiencia de Madrid fallara a favor de la aerolínea, estableciendo que no procedía investigar a su representante legal tras agotarse el tiempo reglamentario de instrucción, fijado en doce meses.

Por su parte, informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 15 continúa con el análisis detallado de los hechos expuestos por Anticorrupción, incluyendo no solo el destino final de los fondos del rescate, sino también posibles ramificaciones y movimientos internacionales ligados al blanqueo de capitales.

La actuaciones judiciales actuales se mantienen bajo secreto de sumario; por ello, los detalles sobre la implicación de personas y el avance de la investigación no se han trasladado por completo a la esfera pública. Mientras tanto, el seguimiento de las comparecencias quincenales y la prohibición de salida del país suponen las principales limitaciones para los procesados, mientras se determina la dimensión de los vínculos financieros internacionales y la potencial participación de organizaciones en el entramado investigado.