La Audiencia de Madrid corrige al juez del 'caso Begoña Gómez' y le emplaza a exonerar al delegado del Gobierno

Los magistrados han subrayado que la legalidad en el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente del Gobierno queda acreditada, descartando así cualquier cuestionamiento en este aspecto y marcando la pauta sobre la dirección de la investigación. Según publicó Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado los recursos interpuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en oposición a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, dentro del procedimiento relacionado con el denominado ‘caso Begoña Gómez’. Por tanto, la Audiencia ha exigido al juez instructor Juan Carlos Peinado que retire el estatus de investigado a Martín Aguirre, señalando la ausencia de pruebas que justifiquen esa imputación.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la resolución judicial recoge que los magistrados consideran que “no consta que supiera” que la asesora Cristina Álvarez hubiera sobrepasado sus funciones por instrucción de Begoña Gómez; sostienen que la acusación se basa únicamente en suposiciones sin que exista indicio de responsabilidad. La decisión de la Audiencia se produce tras la admisión a trámite, por parte del juez Peinado en mayo, de la querella presentada por el partido político Vox, en la que se acusaba a Martín Aguirre de un supuesto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Álvarez para asistir a la esposa del presidente desde su cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, en julio de 2021.

Europa Press informó que la propia Audiencia ya había indicado en junio que la investigación debía orientarse hacia una posible extralimitación en las funciones públicas de la asesora Álvarez, pero descartando la acumulación de nuevas querellas contra quienes supervisaban el cargo de confianza, dado que no se aportaban indicios claros sobre esa supuesta función de control. En la resolución, los jueces detallan que es responsable quien utiliza en beneficio propio el puesto público a su cargo, así como quien colabora en esa actividad excediendo sus funciones, pero que no existe prueba alguna contra Martín Aguirre por tales motivos.

Los recursos que han provocado la decisión fueron planteados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a los que se sumaron las defensas tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez. La Audiencia Provincial recordó que las labores de Álvarez consistían en gestionar la agenda, el correo y en brindar apoyo de seguridad y protocolo a la esposa del presidente, y recalcaron que el debate sobre la legalidad de su nombramiento “está fuera de toda duda”.

Con relación al contexto del proceso, el medio Europa Press detalló que la Audiencia resolvió este asunto pocos días después de que el juez instructor preguntó a las partes si verían procedente archivar la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, toda vez que la Fiscalía había requerido el archivo, considerando “incomprensible” mantenerlo como investigado después de la exoneración de Judith González, la secretaria general de Presidencia y sucesora de Martín Aguirre.

En el marco de este procedimiento, el juez Peinado investiga una serie de presuntos delitos, tales como tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. De los cinco delitos señalados, Begoña Gómez figura como la única investigada por todos ellos, mientras que a Martín Aguirre solo se le atribuía el de malversación, vinculado directa y exclusivamente a la contratación y las tareas llevadas a cabo por Álvarez como asesora.

En otra vertiente de la causa, Europa Press reportó que la Audiencia Provincial estimó parcialmente un recurso de la organización Hazte Oír, avalando la realización de varias diligencias que habían sido rechazadas en un inicio por el magistrado instructor, aunque algunas ya se habían practicado. Entre estas diligencias confirmadas, destaca la declaración testifical de Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google, quien habría impulsado una propuesta de colaboración con la compañía y decidió involucrarse en el proyecto.

La Audiencia también aprobó la citación de diferentes cargos de la compañía Deloitte, en relación con la producción de software dirigida a la cátedra de Transformación Social Competitiva. Además, el Tribunal ha solicitado que el antiguo vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, incorpore al procedimiento más de un centenar de correos electrónicos mencionados en su declaración y que, según indico el propio Doadrio a Europa Press, ya han sido remitidos.

Finalmente, la orden judicial de la Audiencia Provincial incluye requerimientos para que varias empresas y entidades —Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat101— aporten agendas y actas de todas las reuniones relacionadas con el desarrollo de la plataforma digital alojada en transformatsc.org.