Condenado a tres años y seis meses de cárcel por amenazar con cuchillo a un médico en Isla Cristina (Huelva)

El juez destacó la gravedad de los antecedentes del acusado, quien ya había sido condenado en tres oportunidades anteriores por delitos idénticos de atentado contra la autoridad, uno en Sevilla, otro en Cádiz y otro en Huelva entre 2018 y 2019, y subrayó el riesgo manifiesto de que este tipo de conductas pudieran repetirse. Este factor resultó determinante en la sentencia, que atribuye al procesado la agravante de multirreincidencia y desestima la posible aplicación de eximentes o atenuantes relacionadas con su salud mental o posibles adicciones. Según publicó el medio, la defensa del acusado trató sin éxito de que se tuviese en cuenta una supuesta alteración de sus facultades, mientras que el tribunal consideró que no existía prueba suficiente para atenuantes por trastorno mental o consumo de sustancias.

De acuerdo con la información difundida por el Colegio de Médicos de Huelva, los hechos investigados se remontan al 2 de noviembre de 2025, en el centro de salud de guardia de Isla Cristina, provincia de Huelva. El fallo judicial, reportado por diversos medios y citado por la propia organización colegial, establece que poco después de las seis de la mañana el acusado accedió al centro sanitario cuando apenas había personal o pacientes, reclamó de modo insistente al médico de guardia que le suministrara una medicación ansiolítica cuyo recetario, alegó, había sido robado, y, tras la negativa del facultativo, extrajo de su mochila un cuchillo con mango rojo avanzando hacia el sanitario en al menos dos ocasiones.

El profesional se encontraba en la zona de urgencias y el pasillo de espera, lo que le permitió mantener una cierta distancia frente a las amenazas y manifestaciones verbales del agresor. "No llames a la Guardia Civil y te estaré esperando fuera cuando termines tu guardia", profirió el acusado, según detalló la resolución. Durante estos acontecimientos, el celador del centro percibió la peligrosidad de la situación y decidió apartarse con discreción para dar aviso a la Guardia Civil por teléfono móvil personal y así evitar levantar sospechas, informaron fuentes del Colegio de Médicos.

El relato del celador coincidió con el testimonio directo del médico agredido y fue corroborado por las actuaciones de los agentes actuantes, que se desplazaron en pocos minutos al lugar y detuvieron al acusado. Según comunicó el medio, los efectivos localizaron el cuchillo dentro de la mochila que portaba el hombre, quien fue inmediatamente trasladado a dependencias policiales. Desde entonces, permaneció en prisión preventiva siguiendo instrucciones del órgano judicial responsable.

El procedimiento penal, según el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, llevó a una condena de tres años y seis meses de cárcel en calidad de autor por un delito de atentado contra la autoridad. El Colegio de Médicos, cuyos servicios jurídicos se personaron como acusación particular, defendió la necesidad de una sanción ejemplar ante los riesgos constatados. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron una condena más severa, de cinco años y seis meses de prisión, frente a la petición de libre absolución sustentada por la defensa, indicó el medio.

El acusado manifestó en la vista oral que había acudido al centro por ansiedad y falta de sueño y que su intención era solicitar de nuevo la medicación de la que, según los registros consultados por el médico, ya había hecho acopio solo dos días antes. El médico había verificado en el sistema que existían antecedentes de solicitud múltiple de esa misma medicación en el corto plazo, que formaba parte de un tratamiento relacionado con ansiedad, con trastorno actitudinal y de personalidad, según publicó el Colegio de Médicos de Huelva.

En su defensa, el sentenciado alegó que al sacar objetos de la mochila, como el bote vacío del medicamento, también apareció el cuchillo, pero que en ningún momento utilizó el arma para intimidar a terceros. Añadió que rehusó la pauta inyectable propuesta por el facultativo porque podía afectarle negativamente en el desempeño de su trabajo. No obstante, la jueza valoró los distintos testimonios y concluyó que el relato descrito por la víctima resultaba claro, consistente y ratificado por el resto de testigos de los hechos, descartando así la versión del acusado.

El celador declaró ante la magistrada sobre cómo gestionó el episodio para no poner en peligro a más personas en las instalaciones y detalló que hizo uso de su teléfono móvil, ya que avisar desde el propio centro podría alertar al agresor. Uno de los agentes intervinientes confirmó cómo separaron al acusado del área de urgencias y posteriormente hallaron el arma blanca en poder del implicado, tal como reflejó el acta de intervención.

Como parte de la sentencia, el condenado asume también el pago de las costas del juicio. La resolución resalta la peligrosidad de la escalada violenta, el temor infundido al personal sanitario y la necesidad de asegurar la integridad física de quienes desempeñan su labor en centros de salud, según reiteró la acusación. El medio explicó que la denegación judicial de los alegatos de la defensa respecto a salud mental o adicciones partió de la ausencia de pruebas periciales que acreditaran tales trastornos en el momento de los hechos o que justificaran un comportamiento exculpatorio.

Por todo ello, y a la luz de la reiteración delictiva apreciada en expedientes previos en Sevilla, Cádiz y Huelva, el juzgado desestimó las tesis de la defensa y dictó una condena privativa de libertad, con la advertencia explícita del riesgo de reincidencia. La sentencia subraya que ni la declaración del acusado ni el contexto argumentado muestran base suficiente para la reducción de pena, tal y como quedó registrado en la resolución consultada por el Colegio de Médicos y reproducida en medios locales e institucionales.