Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La intérprete señala al exparlamentario por un presunto delito que habría tenido lugar en 2021, solicita una compensación económica de 30.000 euros e insta a las autoridades a que le embarguen bienes si no paga la fianza

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El proceso legal en torno al exdiputado Íñigo Errejón por la denuncia formulada por la actriz Elisa Mouliaá contempla la petición de medidas cautelares vinculadas a la responsabilidad civil. Según informó Europa Press, Mouliaá solicitó al juez que abra una pieza separada para asegurar el abono de posibles indemnizaciones, reclamando además el embargo de bienes del acusado si este no cumple con el pago de la fianza fijada. Este desarrollo se suma a la exigencia principal de la intérprete, quien busca que la justicia siente en el banquillo a Errejón y lo condene a una pena de tres años de prisión al considerar que incurrió en un delito continuado de abuso sexual.

Europa Press detalló en su reporte que, en el escrito de acusación presentado por la defensa de Mouliaá, la actriz exige al exparlamentario una compensación económica de 30.000 euros. La suma corresponde, según el documento, tanto a los daños morales como a los perjuicios sufridos presuntamente como consecuencia del abuso sexual que habría tenido lugar una noche de octubre de 2021. El texto señala también la posibilidad de que, si el tribunal no estima la cantidad reclamada, la misma se determine durante la fase de ejecución de sentencia.

La petición formal de juicio contra el que fuera diputado recoge hechos que habrían acontecido en 2021 y enmarca las acusaciones dentro de la figura de delito continuado, por lo que pide al tribunal abrir juicio oral y dictar condena acorde a los cargos presentados. Europa Press subraya que, además de las exigencias de encarcelamiento y resarcimiento económico, Mouliaá reclama el establecimiento de mecanismos judiciales para salvaguardar el cobro de la indemnización, requiriendo a las autoridades que indaguen sobre el patrimonio del acusado, en caso de que este no cubra la fianza estipulada.

Errejón, por su parte, ha negado en todo momento las acusaciones, manteniendo una versión contraria a lo sostenido por Mouliaá. Tal como publicó Europa Press, la defensa del exdiputado interpuso recurso contra el procesamiento por el presunto delito de agresión sexual al considerar que "no existen mínimos indicios" que acrediten la culpabilidad de su cliente. El letrado añadió, también de acuerdo con Europa Press, que todas las diligencias practicadas durante la instrucción judicial descartan la existencia de indicios que permitan sostener la imputación penal, y apuntó a la presunta falsedad del relato presentado por la denunciante.

En los documentos judiciales citados, la defensa de Errejón sostiene que las pruebas y testimonios recabados hasta el momento resultan insuficientes para fundamentar la apertura de juicio oral, insistiendo en que los hechos atribuidos carecen de sustento probatorio y que el relato de la actriz presenta inconsistencias, según reportó Europa Press. Por este motivo, el equipo legal del exparlamentario insiste en la necesidad de revisar el procesamiento y evitar la continuación del procedimiento judicial.

La acusación de abuso sexual que acompaña el proceso penal se fundamenta en la narración que Mouliaá incluyó en su denuncia, la cual figura en poder de los tribunales y cuya copia ha sido consultada por Europa Press. El escrito especifica que los daños referidos son tanto de orden moral como material, y solicita que la cuantía de la indemnización sea fijada por la autoridad judicial competente si la suma inicial propuesta no se aprueba en su totalidad durante el juicio.

La solicitud de apertura de una pieza separada de responsabilidad civil responde a la intención de la parte demandante de asegurar la viabilidad del pago de la indemnización en caso de sentencia condenatoria. Según informó Europa Press, esta medida permitiría practicar diligencias patrimoniales sobre el acusado, poniendo el acento en el resguardo de derechos económicos de la víctima durante la tramitación judicial.

En conclusión, la disputa legal involucra tanto la exigencia de una condena penal de tres años de prisión por un supuesto delito continuado de abuso sexual, como la reclamación de una indemnización de 30.000 euros y la puesta en marcha de medidas para garantizar su cumplimiento, según consigna Europa Press en su cobertura del caso. Por su parte, la defensa de Errejón insiste en que no existe fundamento suficiente que justifique la apertura de juicio oral ni el procesamiento del exparlamentario.