
Dentro de los documentos judiciales, figura el relato de Víctor de Aldama, empresario implicado en la obtención de adjudicaciones públicas, quien señaló que ofrecía en reiteradas ocasiones cantidades importantes de dinero en efectivo a Koldo García, exasesor ministerial, para obtener influencia sobre diversas instituciones responsables de contratos de material sanitario. Este testimonio, consignado por Europa Press, se ha incorporado ya al sumario que llevó a García a su primera noche en el centro penitenciario de Soto del Real. La causa sitúa a García este martes ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, en un interrogatorio considerado clave dentro de una instrucción que contempla riesgo de fuga, según resolvió el Tribunal Supremo.
De acuerdo con Europa Press, la investigación se concentra en esclarecer una presunta red de adjudicaciones fraudulentas durante la fase más aguda de la emergencia sanitaria en Canarias, donde la empresa Soluciones de Gestión habría recibido contratos de emergencia para el suministro de mascarillas bajo el mandato de Ángel Víctor Torres como presidente regional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró el informe que fundamentó la detención de Koldo García, vinculado al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según los datos registrados por Europa Press, las pesquisas policiales identificaron patrones compatibles con delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y acceso no autorizado a información reservada, que involucrarían tanto a García como a Aldama y a otros responsables institucionales ligados a los contratos de urgencia.
Europa Press detalló que en el sumario constan advertencias previas de empleados públicos sobre posibles irregularidades relacionadas con los precios y la calidad de las mascarillas adquiridas. A pesar de estas alertas, la presión administrativa favoreció la formalización de los contratos investigados. La labor de la UCO se apoyó en la recopilación de comunicaciones, registros de reuniones, mensajes electrónicos y documentación sobre el desarrollo de los expedientes, identificando procedimientos atípicos en la tramitación del material sanitario. Entre los hechos bajo análisis figura una consulta realizada desde la Viceconsejería de la Presidencia autonómica, ejercida entonces por Antonio Olivera, a Koldo García, solicitando información concreta sobre la disponibilidad y el volumen de mascarillas accesibles para Canarias en función de la capacidad de los vuelos. Estas comunicaciones evidencian la función de García como intermediario entre proveedores y la administración pública, describe el reporte de Europa Press.
En relación con la distribución del material, Soluciones de Gestión anticipó la entrega de hasta dos millones de mascarillas por lote y preparó operaciones logísticas antes de cumplir todos los requisitos legales exigidos, según Europa Press. El informe policial atribuye a García la capacidad de movilizar con rapidez los trámites administrativos y homologar material sanitario a través de una coordinación directa con los ministerios de Transportes y Trabajo, optimizando así los procesos durante meses de máxima presión por la evolución de la pandemia.
La investigación judicial ha documentado, a través de la UCO, reuniones y contactos de alto nivel previos a la formalización de estos contratos. Entre la documentación figura una reunión celebrada en enero de 2020 en la que participaron los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Salvador Illa (Sanidad) y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, hecho que los investigadores consideran relevante en la consolidación de la red de intermediación analizada. Europa Press también indicó que, en el marco de su comparecencia, Aldama reconoció haber ofrecido personalmente test de diagnóstico de covid-19 al entonces presidente de Canarias, Torres, tras mantener contactos institucionales.
Respecto a la logística de transporte, Aldama expuso ante el juez que la preferencia por la aerolínea Plus Ultra en detrimento de Air Europa respondió a la presión ejercida por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien había respaldado el rescate financiero de Plus Ultra. Este tipo de gestiones, tal como recoge Europa Press, se evalúan como parte de una estrategia orientada a anticipar la firma de contratos y asegurar ventajas comerciales en el contexto de los procedimientos de emergencia.
La decisión sobre la prisión provisional de Koldo García se tomó después de que el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, valorara los informes de la UCO y la evidencia física y digital intervenida durante la investigación. Según expone Europa Press, los cargos que afronta García incluyen delitos por los que las penas podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión si se prueban todos los extremos que plantea el sumario judicial.
El alcance del proceso, de acuerdo con las informaciones difundidas por Europa Press, excede la adquisición de mascarillas y abarca procedimientos de licitación de obras públicas, así como la gestión de fondos y recursos asignados durante el estado de alarma. Se investiga la intervención de cargos públicos y empresarios en los procesos de adjudicación de suministros esenciales, manteniéndose bajo supervisión judicial no solo a García y Aldama, sino también a otros funcionarios y directivos empresariales implicados en la provisión de material sanitario.
El interés central del caso radica en determinar de qué manera se aplicaron los fondos públicos y si existió una estructura organizada dedicada a influir en las contrataciones estatales en el contexto de la pandemia. Según consigna Europa Press, las diligencias en curso revisan expedientes, correos y llamadas para definir la responsabilidad de los distintos actores vinculados a la trama de contratos de emergencia. Koldo García permanece a la espera de nuevas comparecencias ante el juez en la prisión de Soto del Real, mientras el exministro José Luis Ábalos sigue vinculado al proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional, según notificó Europa Press.
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