A juicio dos acusados de intentar matar a un hombre con un machete y un palo de bambú junto a discoteca

Uno de los elementos que determinaron la gravedad del caso fue la rápida participación de terceros en el lugar de los hechos, lo que permitió cesar el ataque y propició el traslado inmediato del herido a un centro hospitalario, donde recibió atención quirúrgica urgente. Según informó Europa Press, este viernes 28 de noviembre la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a dos individuos acusados de intentar matar a un hombre en las inmediaciones de una discoteca ubicada en la capital andaluza. La Fiscalía solicita para ambos procesados una pena de nueve años de prisión y la inhabilitación absoluta mientras dure la condena, así como la imposibilidad de acercarse a la víctima a menos de 300 metros ni comunicarse con ella durante una década.

El Ministerio Público, señaló Europa Press, sostiene que los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando los dos acusados, actuando de forma coordinada y con presunta intención homicida, habrían perseguido a la víctima en los alrededores de un local nocturno sevillano. Uno de ellos portaba un palo de bambú junto con un machete, mientras que el otro llevaba también un machete. Ambos siguieron al hombre hasta alcanzarlo. Una vez acorralada la víctima, el primer acusado la golpeó por la espalda, a la altura del cuello, utilizando el palo de bambú. Al girarse el hombre, el segundo procesado empleó un cuchillo dirigiéndolo de arriba abajo y se lo clavó, con la trayectoria del arma desde la cara hasta el cuello, según detalla el escrito provisional de la Fiscalía consultado por Europa Press.

El relato de la acusación recoge que la intervención de personas ajenas al grupo implicado resultó decisiva para frenar el ataque antes de que lograran consumar sus intenciones. Estas personas consiguieron que los procesados se detuvieran y permitieron que el herido fuera trasladado de inmediato al hospital, donde precisó intervención quirúrgica. La Fiscalía describe que la víctima sufrió heridas graves, incluyendo una lesión abierta provocada por arma blanca en la zona cervical y preauricular derecha, acompañada de hemorragia abundante, inestabilidad hemodinámica y un episodio de shock hemorrágico. Además, el parte médico reflejó una lesión vascular cervical y daño en una rama arterial.

Europa Press consignó que, dentro del procedimiento penal, la petición del Ministerio Público no solo abarca la pena privativa de libertad. La solicitud de la acusación se dirige también a la inhabilitación absoluta para ambos acusados durante el periodo que resten en prisión, junto con la imposición de una orden de alejamiento. Dicha restricción les impediría acercarse a la víctima a una distancia menor de 300 metros o establecer cualquier tipo de contacto directo o indirecto por un lapso de diez años, limitación que abarcaría incluso el periodo posterior a la posible excarcelación.

Según publicó Europa Press, estos hechos están calificados por la Fiscalía como intento de homicidio, considerando que la finalidad atribuida por el Ministerio Público a los acusados era terminar con la vida de la víctima. El relato fiscal argumenta que la violencia empleada y la elección de armas blancas refuerzan la intencionalidad homicida que la acusación sostiene en el caso.

El proceso judicial previsto ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pondrá a disposición de la autoridad competente todos los elementos probatorios y testimonios recopilados, de acuerdo con la mecánica narrativa contenida en la acusación oficial difundida por Europa Press. La evolución del juicio determinará si los dos encausados son responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, tal como ha solicitado el Ministerio Público.

Mientras tanto, la situación del hombre herido, las secuelas ocasionadas por el ataque y las medidas de protección requeridas también forman parte del expediente judicial, constituido por los informes médicos, las declaraciones de testigos y los antecedentes recabados por la Fiscalía. Según consignó Europa Press, la imposición de barreras legales para evitar la proximidad y comunicación entre los acusados y la víctima responde a la valoración de riesgo y a la salvaguarda de garantías durante todo el procedimiento penal y más allá del mismo.