La causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha sumado nuevas citaciones judiciales para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que deberán comparecer Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol. El procedimiento judicial gira en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con supuestos intentos de obtención de información perjudicial contra autoridades judiciales y fiscales. Según informó Europa Press, el exmagistrado Manuel García Castellón anunció su intención de personarse en el caso como afectado, con el objetivo de conocer de primera mano el alcance de las acciones que se le atribuyen a Díez y a los otros investigados.
El medio Europa Press detalló que García Castellón señaló en una entrevista su deseo de participar en el proceso para esclarecer si la exmilitante socialista Leire Díez y quienes la acompañan han tratado de obtener datos en su perjuicio. El exjuez, consultado sobre si alguno de los investigados lo contactó directamente o ejerció presión sobre él, expresó: “Me considero afectado y quiero saber lo que hay”. Estas declaraciones surgieron en el presente contexto de la publicación de su libro “Habla, para que se conozca” (Deusto).
De acuerdo con la denuncia presentada por el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, después de un encuentro sostenido el 7 de mayo entre el propio fiscal, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, el nombre de García Castellón fue incluido en la relación de hechos denunciados. Stampa reiteró que, si bien durante esa reunión no recibió propuestas directas de carácter delictivo, sí enfrentó preguntas recurrentes, con insistencia pero sin expresiones claras, respecto a posibles irregularidades que pudiera conocer vinculadas a “los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón”, según recogió Europa Press.
El empresario Javier Pérez Dolset también figuró en la denuncia de Stampa. El fiscal relató que, durante el mismo encuentro, se aludió al caso Villarejo. Pérez Dolset manifestó que “García Castellón, que fue el juez instructor de esa causa, le entregó dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara”. El empresario sostuvo ante Stampa que “haberlo conseguido”. Europa Press consignó que este episodio forma parte de la cadena de hechos investigados.
La jueza Arturo Zamarriego, responsable de la instrucción, considera que Díez actuaría como líder de una operación “delictiva, continuada y coordinada” junto a Pérez Dolset y Rusiñol. Esta operación, según consta en la instrucción reproducida por Europa Press, se orientaba a “recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción”, con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en curso sobre “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
La investigación involucra el posible acceso a información sensible y confidencial sobre actuaciones policiales y judiciales de alto perfil. Las diligencias se centran en determinar grado de coordinación entre los investigados y la finalidad última de sus acciones, según publicó Europa Press. El proceso se mantiene abierto mientras avanza la instrucción y se aguarda la comparecencia de los citados ante el juzgado.
La repercusión del caso Leire Díez ha alcanzado dimensiones relevantes debido al perfil de las personas mencionadas y la sensibilidad de las investigaciones que presuntamente trataron de interferir. El papel del juez jubilado García Castellón, tanto como instruido de otras causas como ahora presunto afectado, añade un elemento de complejidad al caso, aspecto que destaca el propio Europa Press a través de las palabras del magistrado y la documentación aportada por las partes al procedimiento.
Europa Press subraya que los próximos pasos judiciales incluyen nuevas comparecencias y la valoración de las denuncias cruzadas entre los afectados y los investigados. Las autoridades mantienen la atención sobre el desarrollo del caso, mientras el foco se mantiene en el esclarecimiento de los hechos para determinar las eventuales responsabilidades penales.
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